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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 19/04/2024 08:07
Dos gerentes activos y un gerente jubilado de Energía Entre Ríos SA (Enersa) debieron designar abogados por estar implicados en la megacausa que investiga la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a partir de una denuncia formulada por la empresa Securitas SA contra exdirectivos de la firma, sobre quienes se sospecha que habrían pagado sobornos para conseguir contratos con distintos organismos públicos. Alejandro Javier Cis, un antiguo jerárquico de Enersa que supo llevar adelante una de las firmas satélite que se conformaron alrededor de la distribuidora eléctrica luego de ser privatizada, a mediados de la década de 1990, y que ocupó la Gerencia de Logística desde 2002 aunque ahora está jubilado, designó abogados defensores a Pedro Fontanetto y Germán Palomeque. A su vez, el gerente de Asuntos Jurídicos de la distribuidora eléctrica provincial, Marcelo Daniel Morales, y el gerente de Área Generación e Innovación Tecnológica. Juan Carlos Pimentel, tiene como defensor a José Velázquez. Mientrras, los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul acudieron a los servicios de letrados de Buenos Aires. El primero está representado por los abogados Alejandro Daniel Bisbal y Juan Feliz Marteau; y Marcelo tiene como defensores a Juan Ignacio Cacault y Mario Hernán Laporta. Enersa fue cliente de Securitas SA entre 2016 y 2018. “Los denunciantes afirmaron que la investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell SA, el cual -si bien facturaba- no habría brindado ningún servicio concreto. La firma emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultoría”, según publicó el diario La Nación. La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia que pagó millonarias coimas a representantes de organismos públicos como la compañía Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), entre otros, para no perder los contratos y para cobrar servicios adeudados. Incluso pagó para que le agilicen trámites de tenencias de armas de sus vigiladores y para que les avisen de eventuales inspecciones. Así surge de un expediente a cargo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y del fiscal federal Fernando Domínguez, que en las últimas horas derivó en la detención de nueve sospechosos, todos exdirectivos de Securitas Argentina SA, al cabo de 50 allanamientos en distintos puntos del país. La investigación comenzó en febrero de 2020 tras una denuncia hecha por representantes de Securitas Argentina en la que sostuvieron que un grupo de exdirectivos “abusaron y utilizaron la estructura corporativa, así como su posición en el mercado y el renombre del grupo, con el único fin de obtener un beneficio para ellos y, de forma indirecta, para las empresas que representaban”. Entre organismos públicos y empresas en las que la Gendarmería Nacional, por orden de la Justicia, hizo registros figuran: Ministerio del Interior (Renaper), Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa), Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000), Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA), Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria; Prefectura Naval; Agencia Nacional de Materiales Controlados) Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército) Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas) Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos) Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa) Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa) Aeropuertos Argentinas 2000 En el momento en que fue hecha la denuncia, Securitas Argentina SA era una filial de la compañía Securitas AB, que ofrece servicios de seguridad, monitoreo, consultoría e investigación con sede principal en la ciudad de Estocolmo, capital de Suecia. En la actualidad, la filial local fue adquirida por una empresa de capitales argentinos y un grupo latinoamericano especialista en mercados emergentes. Fuentes al tanto de investigación sostuvieron que la nueva gestión no tiene nada que ver con los “pagos indebidos”. Las conclusiones que los representantes de la empresa presentaron ante la Justicia fueron la consecuencia de una investigación interna iniciada por Securitas AB tras una denuncia de una exempleada dentro del denominado “programa de integridad” de la firma. “La compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta. Los sucesos denunciados habrían tenido ocurrencia en la República Argentina, con intervención de funcionarios públicos de distintos estratos, al menos entre los años 2016 y 2018, aunque no descartaron que aquellos hubieran acontecido incluso antes de dicho lapso”, según explicaron fuentes judiciales. Con el fiscal Domínguez y su equipo de trabajo colaboran en la investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), conducida por el fiscal Sergio Rodríguez, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Los detenidos fueron identificados por fuentes judiciales como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, quienes ocuparon cargos gerenciales en Securitas Argentina SA. “La ‘autodenuncia’ de la empresa refiere que los ‘pagos indebidos’ se hicieron entre 2014 y 2018, pero según la imputación hecha por la Justicia se investigan hechos ocurridos entre 2012 y 2018, período que comprende los últimos tres años de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y los primeros dos de la gestión de Mauricio Macri”, afirmaron fuentes judiciales Si bien el caso se conoció ahora tras el medio centenar de allanamientos y las detenciones, la empresa y el Ministerio Público Fiscal firmaron un “acuerdo de colaboración eficaz” hace casi dos años, el 30 de mayo de 2022. Entre Ríos Ahora
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