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Parana » Plazaweb
Fecha: 18/04/2024 20:28
La ex fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche destacó la importancia de la ley de responsabilidad penal empresarial en el caso de los empresarios Claudio y Marcelo Javier Tórtul. La ley, que data de fines de 2017, permite que las empresas sean penalmente responsables de actos de corrupción cometidos por sus empleados. En un diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Goyeneche señaló que la empresa Securitas Internacional tomó la iniciativa de denunciar a ex funcionarios implicados en actos de corrupción, demostrando la efectividad de la ley. Al respecto, aseguró: “Lo llamativo de este caso es que más allá de que son algunos empleados de la empresa quienes denuncian ante la propia empresa Securitas Internacional, y es la propia empresa la que denuncia penalmente para evitar la responsabilidad penal de la empresa, a nivel probablemente internacional donde las penas y las sanciones son altísimas. En Argentina la ley es bastante nueva y no hay antecedentes de sanción en base a esa ley pero sí muestra su eficacia, donde los primeros que tienen que estar atentos a la ocurrencia de hechos de corrupción de su personal son las propias personas jurídicas. Hay muchos casos, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se ha sancionado a las empresas incluso por hechos ocurridos en sus filiales de Argentina o Brasil". PODÉS LEER TAMBIÉN: Allanamientos a propiedades de los hermanos Tórtul por delitos económicos Sobre la causa que involucra a los Tórtul consideró que “hay alguna razón por la cual (la jueza) Arroyo Salgado considera que ella es competente para incluso hechos de corrupción que, según informan los medios, habrían ocurrido en Entre Ríos, en Tucumán y provincia de Buenos Aires. Ella que es jueza Federal de San Isidro considera que es competente para actuar en todos, probablemente por el tipo de imputación que está haciendo, que podría ser asociación ilícita. Pero, por ejemplo, si decide imputar pago de coimas y remitir las causas a las jurisdicciones donde se cometieron los hechos concretos de corrupción, debería proseguirse la investigación, la atribución y eventualmente un juicio en los tribunales ordinarios de la provincia de Entre Ríos”. “La ley de responsabilidad penal de personas jurídicas tiene normas penales aplicables en todo el país y también tiene normas administrativas muy interesantes. Planteé varias veces que sería muy importante que la provincia de Entre Ríos adhiera a esa ley para las normas procedimentales y administrativas. Por ejemplo, se le prohíbe a una persona jurídica que no tiene el sistema de prevención de la corrupción, a contratar con el Estado. Son una serie de normas tendientes a la prevención de estos hechos de corrupción”, puntualizó. En relación con el delito de lavado de activos, explicó que “en algunas provincias como Santa Fe y Chubut, el fiscal investiga y hubo juicios y condenas de la justicia provincial por lavado de activos, pero la verdad es que la ley dice que es competencia federal, entonces no se ha terminado de dirimir quiénes son los competentes. Si lo hace la Justicia Federal tiene el amparo de la ley que dispone que el lavado de activos afecta al sistema económico y financiero del país, y va más allá de la justicia ordinaria”. “Pero en provincias como Chubut la justicia provincial trabajó el lavado de activos relacionado a hechos de corrupción. Hubo varias causas de corrupción vinculadas al gobierno de Das Neves y hay atribuido el delito de corrupción, por ejemplo cohecho, y además lavado de activos entendiendo que el dinero que se lavó es dinero de la corrupción. Creo que este es el camino que se va a seguir dentro de la jurisprudencia nacional y probablemente en algún tiempo comencemos a ver en Entre Ríos causas provinciales vinculadas al lavado de activos”, completó. Finalmente, subrayó la necesidad de una vigilancia constante y de sistemas internos robustos para detectar y denunciar la corrupción. PODÉS LEER TAMBIÉN: Los hermanos Tórtul fueron detenidos y trasladados a Buenos Aires Causa Urribarri La situación del ex gobernador Sergio Urribarri, condenado por corrupción, también fue abordada por Goyeneche. “La jurisprudencia en nuestro país dice que las sentencias empiezan a ejecutarse una vez que se rechaza el recurso extraordinario federal, eso todavía no ha pasado en esta causa pero el recurso que se rechazó ayer es el correlato del recurso extraordinario federal que se hace en la provincia, es igual, idéntico, con las mismas condiciones al que se hace ante la Corte. Al haber considerado que este recurso provincial no es procedente en este caso, por el tipo de planteos que venía haciendo la defensa, y lo que dice la Sala Penal es que este tipo de planteo no justifica el recurso extraordinario, ya las personas condenadas tuvieron su momento de recurrir ante la Cámara de Casación, eso ya fue tratado, es una garantía constitucional pero eso ya pasó y este recurso extraordinario tiene otras condiciones. Entonces lo que dice la Sala Penal ahora es que no están dadas las condiciones para abrir un recurso extraordinario en este caso, y es altamente probable que ese análisis se repita cuando planteen el recurso extraordinario federal, con lo cual es una enorme noticia porque lo que se está diciendo es que hay una sentencia justa y que en poco tiempo seguramente van a empezar a cumplirse las penas impuestas”, dijo. Escuchá la entrevista completa:
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