El Gobierno prepara un nuevo plan de retiros voluntarios y apunta a profundizar el recorte del Estado
El Ejecutivo nacional prevé publicar en los próximos días un decreto que habilitará un nuevo régimen de retiros voluntarios para trabajadores civiles de planta permanente. La inscripción comenzaría en noviembre y alcanzaría a empleados de la Administración Pública Nacional centralizada y organismos desconcentrados. El Gobierno espera que al menos 1.000 trabajadores adhieran al esquema.
El Gobierno nacional prepara un nuevo paso dentro de su política de reducción de la estructura estatal: en los próximos días publicará un decreto que pondrá en marcha un plan de retiros voluntarios para empleados públicos de planta permanente.
La medida alcanzará a trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada y de organismos desconcentrados, y las autoridades prevén que el período de inscripción comience durante noviembre.
El objetivo declarado por el Ejecutivo es continuar reduciendo la cantidad de empleados que dependen del Estado nacional y profundizar el proceso de reorganización de la administración pública iniciado con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada.
Según estimaciones oficiales, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la dotación total del sector público nacional se redujo en 74.332 trabajadores, lo que representa una caída del 21,6%. El cálculo incluye tanto a la administración pública como a las empresas y sociedades estatales.
Para el Gobierno, la reducción de personal permitió generar un ahorro superior a 2.500 millones de dólares desde el inicio de la gestión.
El decreto ya está preparado
La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, área que tiene bajo su órbita las políticas relacionadas con la reorganización de las estructuras estatales y la administración de los recursos humanos del sector público.
El diseño del régimen estuvo particularmente vinculado con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, a cargo de Maximiliano Fariña, y las áreas de Modernización del Empleo Público y Reforma Estatal.
Según fuentes oficiales, el decreto ya fue confeccionado y se encuentra en condiciones de ser publicado. La intención es comunicar los detalles del programa antes de la apertura de las inscripciones para que los trabajadores interesados puedan comenzar a asesorarse.
En el Gobierno esperan que la convocatoria tenga una adhesión significativa y estiman que más de 1.000 empleados podrían optar por el retiro.
A quiénes apunta el Gobierno
El nuevo esquema estaría orientado principalmente a tres grupos de trabajadores.
El primero está integrado por empleados que ya alcanzaron la edad jubilatoria y cuentan con los años de aportes necesarios. En estos casos, el objetivo sería facilitar la salida del Estado y acompañar el inicio de los trámites previsionales.
El segundo grupo comprende a quienes tienen la edad necesaria para jubilarse, pero todavía no reúnen la totalidad de los años de aportes exigidos. Para estos trabajadores, el incentivo económico del retiro podría utilizarse para completar los requisitos previsionales.
Finalmente, el tercer grupo está compuesto por empleados más jóvenes que, aunque todavía se encuentran lejos de la jubilación, decidan abandonar voluntariamente la administración pública y utilizar la compensación económica para iniciar una nueva etapa laboral.
El monto que recibiría cada trabajador dependerá de diferentes variables, entre ellas la antigüedad y la situación particular de cada empleado.
De esta manera, el Ejecutivo busca que el régimen funcione como una herramienta para acelerar la reducción de la planta sin recurrir exclusivamente a desvinculaciones directas.
Los sindicatos ya anticiparon su rechazo
La posible implementación del programa generó una reacción inmediata entre los gremios estatales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuestionaron el concepto de retiro voluntario y advirtieron que, desde su perspectiva, este tipo de mecanismos pueden transformarse en despidos encubiertos.
El secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la organización rechaza la iniciativa porque considera que forma parte de una política destinada a reducir la presencia del Estado y disminuir las plantas de personal.
El dirigente anticipó además que el gremio podría impulsar medidas de fuerza si el régimen avanza de manera generalizada y llamó a los trabajadores a analizar cuidadosamente las condiciones antes de adherir.
Desde ATE también señalaron que ya se registraron intentos o propuestas similares en distintos organismos nacionales, entre ellos el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la Administración de Parques Nacionales (APN) y el PAMI.
En otros organismos, como el INTA y la ANSES, ya se aplicaron esquemas de retiro voluntario con características específicas.
No todos los organismos quedarían incluidos
Uno de los puntos que deberá precisar el decreto es el alcance exacto del programa.
La información conocida hasta el momento indica que la medida alcanzaría a la Administración Pública Nacional centralizada y a organismos desconcentrados, pero no necesariamente a los organismos descentralizados.
La diferencia tiene importancia jurídica y administrativa.
Los organismos desconcentrados forman parte de la administración central y no cuentan con personalidad jurídica propia, mientras que los organismos descentralizados poseen autonomía jurídica y administrativa en distintos grados.
Por ese motivo, las condiciones laborales y los mecanismos disponibles para instrumentar retiros pueden variar de acuerdo con el organismo y con el convenio colectivo aplicable.
Los gremios también advierten que en algunos sectores deben contemplarse las particularidades establecidas por los convenios colectivos sectoriales, la legislación laboral y las normas específicas que regulan el empleo público.
El antecedente del INTA
Uno de los antecedentes más recientes es el programa implementado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
En ese organismo se ofreció un esquema de retiro que contemplaba una compensación equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes que variaban según la edad del trabajador.
El INTA tenía a comienzos de año alrededor de 5.750 trabajadores activos y el objetivo oficial consistía en reducir la dotación hasta un promedio de 4.500 empleados.
La meta implicaba alrededor de 1.200 desvinculaciones, equivalentes a una reducción cercana al 21% de la planta.
Sin embargo, las adhesiones no avanzaron inicialmente al ritmo esperado y el período de inscripción debió extenderse.
Finalmente, 905 agentes se adhirieron al programa, una cifra equivalente al 75,4% de la meta establecida y al 15,7% de la dotación total del organismo.
De ese total, 377 retiros ya habían recibido aprobación, mientras que otros casos quedaron sujetos a un análisis particular del Consejo Directivo.
El antecedente es seguido con atención por el Gobierno porque permite observar el nivel de adhesión que pueden alcanzar este tipo de incentivos entre los empleados públicos.
El ajuste de la planta estatal desde 2023
El nuevo programa se inscribe en un proceso de reducción de personal que comenzó con la actual administración.
Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la dotación estatal total pasó de 343.357 a 269.025 trabajadores.
Esto significa que, en ese período, se produjo una reducción de 74.332 puestos, según los datos oficiales utilizados por el Gobierno para evaluar el impacto de su política de ajuste.
La Administración Pública Nacional concentró buena parte de la reducción: pasó de 233.098 a 181.880 trabajadores, una caída de 51.218 empleados, equivalente a aproximadamente el 22%.
En paralelo, las empresas y sociedades del Estado redujeron su personal de 110.259 a 87.145 trabajadores, con una pérdida de 23.114 puestos, cerca del 21% de la dotación inicial.
La administración central, la más afectada
Dentro de la Administración Pública Nacional, el recorte proporcional más importante se produjo en la administración centralizada.
Este segmento comprende a los ministerios, la Presidencia y la Jefatura de Gabinete.
Su dotación pasó de 55.858 empleados en noviembre de 2023 a 37.543 en agosto de 2026.
La reducción fue de 18.315 trabajadores, equivalente al 32,8% de la planta que existía al comienzo del período.
En términos absolutos, en cambio, la mayor cantidad de desvinculaciones se produjo en la administración descentralizada.
Ese sector pasó de 136.763 a 109.988 empleados, lo que representa una reducción de 26.775 puestos.
La administración desconcentrada también disminuyó su cantidad de trabajadores: pasó de 24.932 a 21.123, mientras que otros entes redujeron su dotación de 15.545 a 13.226 empleados.
Empresas y organismos que redujeron fuertemente su personal
Algunos organismos registraron bajas especialmente pronunciadas.
Uno de los casos más significativos fue Télam, cuya estructura fue reconvertida en la Agencia de Publicidad del Estado. Su planta pasó de 810 a 167 trabajadores, una disminución del 79,4%.
También hubo fuertes reducciones en Educar, que pasó de 446 a 167 empleados; Contenidos Públicos, que disminuyó de 234 a 103; y Casa de Moneda, cuya dotación cayó de 1.411 a 694 trabajadores.
Estos números forman parte de la estrategia oficial de reducción del gasto y reorganización de organismos que el Gobierno considera sobredimensionados o susceptibles de ser transformados.
Milei reivindica el recorte
El presidente Javier Milei defendió públicamente la política de reducción del empleo estatal y la presentó como parte de una estrategia para disminuir el gasto público y alcanzar el equilibrio fiscal.
Durante una entrevista concedida en Nueva York, el mandatario sostuvo que la economía argentina había generado cientos de miles de puestos de trabajo en el sector privado y contrapuso esa evolución con la reducción de empleados públicos.
El argumento del Gobierno es que la salida de trabajadores del Estado no necesariamente implica una destrucción neta de empleo si esos trabajadores pueden incorporarse posteriormente al sector privado.
Los sindicatos, en cambio, sostienen que la reducción de las plantas estatales puede afectar la capacidad operativa de organismos públicos y generar una pérdida de puestos de trabajo en un mercado laboral que todavía presenta dificultades.
Una nueva etapa de la motosierra
La puesta en marcha del retiro voluntario marcaría una nueva etapa dentro del programa de reducción del Estado impulsado por el Gobierno.
A diferencia de los recortes aplicados mediante cierres, fusiones, despidos o reorganizaciones de organismos, el nuevo mecanismo busca incentivar la salida voluntaria de trabajadores mediante una compensación económica.
La incógnita estará ahora en el nivel de adhesión que consiga el programa y en el impacto que tenga sobre el funcionamiento de las distintas dependencias nacionales.
Si la convocatoria alcanza el objetivo esperado por el Ejecutivo, el Gobierno podría avanzar posteriormente con nuevas modificaciones en las estructuras estatales.
Para los sindicatos, en cambio, el riesgo es que los retiros voluntarios terminen profundizando la pérdida de personal y deteriorando la capacidad de atención y prestación de servicios públicos.
El decreto, cuya publicación se espera para los próximos días, será el que finalmente determine quiénes podrán acceder al régimen, cuáles serán las condiciones económicas, qué organismos estarán incluidos y durante cuánto tiempo permanecerá abierta la inscripción.
Con ese instrumento, la administración de Javier Milei busca profundizar uno de los ejes centrales de su gestión: un Estado más pequeño, con menos empleados y menor gasto, mientras que las organizaciones gremiales anticipan resistencia y reclaman preservar los puestos de trabajo y la capacidad operativa de las reparticiones públicas.
