José Glinski cuestionó el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y advirtió por la extranjerización en la Patagonia
El diputado nacional por Chubut analizó en diálogo con ADNSUR la decisión del máximo tribunal, que rechazó el amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata por falta de legitimación. Glinski sostuvo que la Corte no se pro
El diputado nacional por Chubut José Glinski cuestionó la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales y planteó su preocupación por las consecuencias que, a su entender, puede tener la eliminación de los límites que establecía esa norma para la propiedad de tierras rurales por parte de extranjeros.
En diálogo con ADNSUR, el legislador puso el foco en un aspecto específico del fallo: sostuvo que el máximo tribunal no analizó la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, sino que rechazó la demanda porque consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para promoverla. La Corte efectivamente revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata por ese motivo y aclaró que no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación.
Lo que hace la Corte Suprema es invalidar la presentación de quienes interpusieron este recurso de amparo en la Justicia, explicó Glinski al referirse a la resolución. Según su interpretación, el tribunal no discutió el contenido del artículo del DNU que derogó la Ley 26.737, sino que concentró su decisión en determinar si la organización de ex combatientes estaba habilitada para llevar ese planteo ante la Justicia. La sentencia de la Corte consideró que no estaba configurado un caso o controversia judicial porque el CECIM no podía invocar un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo en los términos necesarios para promover esa acción.
Para el diputado, esa diferencia es central para comprender el alcance de la resolución. La Corte no opinó sobre el fondo de la cuestión, no opinó sobre el artículo del DNU 70 que contenía la derogación de la Ley de Tierras, sostuvo. Glinski también recordó que la causa había comenzado a partir de una presentación del CECIM contra el artículo 154 del DNU 70/2023, después de que el Gobierno nacional derogara mediante ese decreto la Ley 26.737, que establecía un régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales.
La discusión judicial tuvo distintas etapas. En primera instancia, el planteo del CECIM había sido rechazado por falta de legitimación, pero posteriormente la Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la apelación, reconoció la posibilidad de la asociación de promover la acción colectiva y, en marzo de 2024, declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. El Estado nacional llevó entonces el expediente a la Corte Suprema, que ahora revocó aquella sentencia y rechazó la demanda.
Glinski también puso el foco en las restricciones que establecía la Ley de Tierras antes de su derogación. Explicó que la norma no impedía que ciudadanos o empresas extranjeras adquirieran tierras en la Argentina, sino que establecía límites para esa propiedad. Entre otras disposiciones, fijaba un máximo del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, además de límites por nacionalidad y restricciones específicas para determinadas zonas, como las vinculadas con cuerpos de agua y áreas de seguridad fronteriza.
En ese punto, el diputado vinculó la discusión nacional con la realidad de Chubut y de la Patagonia. Para nosotros los chubutenses y particularmente para los comodorenses es menos abstracto que para otros habitantes de nuestro país, afirmó. Según planteó, la discusión sobre la propiedad de la tierra está directamente relacionada con los recursos naturales de la región, entre ellos el petróleo, el gas, el agua y los minerales, y con la manera en que esos recursos se utilizan y se distribuyen.
Glinski sostuvo que el debate no debería limitarse a la cuestión jurídica de la derogación de la Ley de Tierras, sino extenderse a la relación entre inversiones, recursos naturales y desarrollo regional. En ese sentido, cuestionó políticas y regímenes de promoción de inversiones que, desde su perspectiva, pueden favorecer una orientación extractiva de los recursos. Los recursos que tenemos los chubutenses alcanzan para que cada uno de los 660.000 habitantes de nuestra provincia viva mucho mejor, expresó, y planteó que deberían traducirse en mejores condiciones de vida, empleo y servicios para la población.
El legislador también mencionó la situación de las tierras patagónicas que se encuentran en manos extranjeras y recordó el caso de las grandes extensiones adquiridas por el grupo Benetton en la década de 1990. A partir de ese ejemplo, sostuvo que la discusión sobre la extranjerización no es una cuestión lejana para quienes viven en la región y planteó interrogantes sobre el destino de los recursos naturales y las tierras ante la eliminación del marco de restricciones que establecía la Ley 26.737.
Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue el tratamiento legislativo del DNU 70/2023. Glinski cuestionó que una norma de ese tipo haya sido utilizada para derogar una ley y sostuvo que, desde su perspectiva, una modificación de ese alcance debería realizarse mediante otra ley sancionada por el Congreso. Una ley se cambia con una ley, afirmó, aunque reconoció que la Constitución contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo dicte decretos de necesidad y urgencia bajo determinadas circunstancias.
El diputado también vinculó esa discusión con el tratamiento de proyectos de ley que reúnen diferentes temas en un mismo texto, como ocurrió con la denominada Ley Bases. En su análisis, este tipo de iniciativas dificulta el debate individual de cada una de las reformas y puede hacer que cuestiones de naturaleza diferente sean tratadas dentro de un mismo paquete legislativo.
Durante la entrevista, Glinski también se refirió a un proyecto relacionado con Malvinas que se encuentra actualmente en discusión parlamentaria. Según explicó, detrás de la cuestión vinculada con la soberanía sobre las islas aparecen otros capítulos relacionados con seguridad, inteligencia y defensa que, a su criterio, requieren un debate específico. En particular, cuestionó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y la inclusión de las denominadas infraestructuras críticas, entre las que mencionó yacimientos petroleros, emprendimientos mineros, centros de datos y líneas eléctricas.
Sobre ese punto, sostuvo que existe el riesgo de que determinadas herramientas destinadas originalmente a atender amenazas externas puedan terminar utilizándose sobre organizaciones sociales, sindicales, políticas o de pueblos originarios. Glinski planteó así una discusión más amplia sobre los límites entre defensa, seguridad interior e inteligencia y cuestionó que esos cambios puedan incorporarse dentro de una iniciativa cuyo eje principal es la soberanía argentina sobre Malvinas.
En cuanto a la situación de Chubut, el diputado también cuestionó la orientación de las políticas vinculadas con las inversiones y sostuvo que la provincia debería obtener mayores beneficios de los recursos que produce. Nuestro petróleo para nuestra gente, nuestro gas para nuestra gente, nuestra agua para nuestra gente, resumió al explicar su posición. Al mismo tiempo, aclaró que no se opone a la llegada de inversiones, pero planteó que deberían desarrollarse bajo condiciones que contemplen el impacto ambiental y una distribución de los beneficios que alcance a la población local.
Nosotros queremos inversiones, queremos que vengan otros a ayudarnos a desarrollarnos, pero bajo ningún punto de vista va a ser a costa de nuestra propia gente, afirmó. En esa línea, sostuvo que si una empresa llega a la región para desarrollar un proyecto que genere impactos sobre el ambiente, debe existir una distribución considerada por él como justa de la renta generada.
