La Justicia ordenó informar previamente los aumentos de combustibles
Un fallo de la Justicia Federal declaró la nulidad de una resolución del Ministerio de Economía que había eliminado la.
Un fallo de la Justicia Federal declaró la nulidad de una resolución del Ministerio de Economía que había eliminado la obligación de informar previamente los aumentos en los precios de los combustibles. La decisión restablece el mecanismo que exigía a las empresas comunicar las modificaciones antes de su aplicación.
La medida fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de La Plata, a cargo de manera interina del juez Alejo Ramos Padilla, tras un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). En la resolución se declaró inconstitucional la Resolución 717/25, que había dejado sin efecto el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor.
Ese sistema, creado en 2016, obligaba a las petroleras a informar cada cambio en los precios de venta al público, permitiendo centralizar la información, facilitar la comparación entre estaciones de servicio y ofrecer un canal para que los usuarios denunciaran diferencias entre los valores publicados y los efectivamente cobrados.
Desde CEPIS sostuvieron que la eliminación de esa herramienta representó un retroceso en la protección de los consumidores, ya que redujo la transparencia del mercado y dificultó el control ciudadano y estatal sobre las variaciones de precios. En cambio, el Estado nacional argumentó que la información continúa disponible a través de otros mecanismos oficiales y plataformas digitales, por lo que consideró que no existía una afectación al derecho de acceso a la información.
Al analizar el caso, el juzgado entendió que la controversia involucra derechos de incidencia colectiva y que corresponde determinar si la eliminación del sistema de información previa perjudica a los consumidores de combustibles en todo el país. En paralelo, en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires avanza un proyecto de ley que propone obligar a las empresas a comunicar los aumentos con al menos 72 horas de anticipación.
