Una Justicia que no endurece las penas nunca va a ser ejemplificadora
Un nuevo hecho de violencia contra dos perros por parte de un vecino de Itaembé Guazú generó repudio. Especialistas y rescatistas hacen hincapié en las denuncias.
El acusado está detenido y se espera que hoy preste declaración
Una Justicia que no endurece las penas nunca va a ser ejemplificadora
La difusión de un video que mostraba una brutal agresión contra dos perros en Posadas no solo generó una fuerte conmoción en las redes sociales, sino que también impulsó una rápida intervención judicial que terminó con la detención del presunto agresor en la jornada del lunes y se espera que hoy preste declaración. El caso volvió a poner sobre la mesa una problemática que proteccionistas y especialistas aseguran que está lejos de ser excepcional y expusieron, una vez más, las limitaciones de una legislación que consideran desactualizada y con penas insuficientes. Denunciar, involucrarse es el pedido de las asociaciones para poder detener la oleada creciente de maltrato animal.
Desde la Fundación Tu Mascota es Familia, una de las que intervino directamente y realizó la denuncia, remarcaron que ésta sigue siendo la herramienta indispensable para que la Justicia pueda actuar. Lucas Gómez, referente de la organización, explicó que la entidad decidió involucrarse tras la masiva circulación del video.
Según relató, el domingo se comunicaron con el secretario del juez Miguel Mattos para ponerlo al tanto de la situación y el lunes formalizaron la denuncia en la Comisaría Segunda. Paralelamente, otras personas también se presentaron ante la Justicia, entre ellas la expareja del acusado.
Por suerte estuvo prófugo algunas horas pero lo buscaron y se lo llevaron detenido, indicó Gómez. No obstante, advirtió que difícilmente permanezca mucho tiempo privado de la libertad. No creo que esté más tiempo preso más que hasta el viernes como máximo porque la Ley por Maltrato Animal es muy muy light, muy laxa, entonces no hay mucho de qué agarrarse como para que esta persona siga estando presa, sostuvo.
La causa también permitió conocer el estado de los animales involucrados. Uno de los perros, el más pequeño y que aparece recibiendo golpes con un palo en el video, permanece en la vivienda donde ocurrió el hecho y, según los rescatistas que lo asistieron, se encuentra mejor. Distinta es la situación del otro animal, al que presuntamente habrían atacado con un machete; se trata de un perro de un vecino que había ingresado al domicilio y cuyo paradero todavía es desconocido.
Para Gómez, este episodio refleja una problemática que crece y que requiere respuestas más profundas que la actuación judicial posterior al hecho. Consideró indispensable fortalecer la educación y la concientización, además de modificar la Ley 14.346 para que contemple sanciones más severas y efectivas.
Se debe penar de una forma mucho más efectiva con sanciones económicas grandes hacia aquellas personas que efectúan maltrato y que tengan que ser penas que realmente hagan que la persona cumpla efectivamente los días que tiene que cumplir preso, afirmó.
El referente también señaló otra dificultad que aparece con frecuencia cuando se interviene en este tipo de situaciones y que tiene que ver con la falta de lugares donde alojar a los animales rescatados. Explicó que muchas veces ese obstáculo condiciona el accionar judicial y policial, ya que no existen espacios suficientes para recibirlos una vez retirados de sus dueños.
"Hay un gran problema con la Justicia, en realidad con el sistema, que si una persona hace una denuncia y se le saca el animal, no hay a dónde llevarlo. Ese es el principal problema para la Justicia, para la Policía y para el sistema", expresó.
Silencio que favorece la violencia
Para la abogada especialista en derecho animal Vanessa Daram, el caso también deja una enseñanza sobre el rol de la comunidad frente a este tipo de delitos y por ello insistió en que la primera respuesta nunca debe ser mirar hacia otro lado.
El especialista explicó que la violencia contra los animales suele formar parte de un patrón más amplio y recordó que numerosos estudios de criminología identifican el maltrato hacia los seres más indefensos como un antecedente frecuente de otras conductas violentas.
El primer eslabón siempre en la escalada de la violencia son los animales más pequeños, los seres más indefensos y después de un animal siempre sigue un niño y luego esa violencia se traslada de un adulto hacia otro adulto, afirmó.
En ese sentido, demostró que denunciar no solo protege a los animales, sino que también constituye una forma de prevenir otros delitos. Incluso observó que, en este caso, las agresiones hacia los perros convivían con hechos de violencia hacia la pareja del acusado.
Daram recordó que cualquier vecino que sea testigo de una situación de maltrato puede acudir a una comisaría, una fiscalía o un juzgado de instrucción para radicar la denuncia y enfatizó que ninguna autoridad puede negarse a recibirla, ya que el maltrato animal constituye un delito previsto por el Código Penal.
La abogada reconoció que muchas personas prefieren recurrir primero a organizaciones proteccionistas por temor a enfrentarse con el agresor, pero remarcó que los testimonios de quienes presencian los hechos son fundamentales para avanzar en las investigaciones.
Hay que decirle a los vecinos que no tengan miedo a actuar, porque este sujeto que actúa solapadamente, protegido con el silencio o la indiferencia del entorno, va a ir siempre por más, advirtió.
Una ley que quedó atrás
Tanto Gómez como Daram coincidieron en que el principal límite para combatir el maltrato animal está en la legislación vigente. La Ley Nacional 14.346, sancionada hace más de siete décadas, establece penas que se consideran insuficientes frente a la gravedad de los hechos que se registran actualmente.
Para el especialista, la actualización de esa norma debería convertirse en una prioridad legislativa, acompañada por políticas públicas permanentes de educación y concientización desde la infancia. Lo primordial es actualizar esa legislación que nunca está en la agenda política de nadie, lamentó.
A nivel práctico te diría que primero hablando propiamente de Argentina como país necesitamos actualizar la Ley de Protección Animal, la 14.346, que tiene penas obsoletas, tiene algunos conceptos que ya tienen que ser superados, tiene que haber una educación diaria sistemática, hacerlo en las escuelas, a través de spot en todos los canales estatales de televisión, que bajen líneas sobre no solo el cuidado del planeta sino hacia los animales, hacia el ser humano, en la mirada hacia el otro, el respeto hacia el otro, en todo sentido, remarcó.
También reclamó una mayor presencia del Estado en el sostenimiento de las políticas de protección animal y cuestionó que gran parte del trabajo recaiga sobre organizaciones y voluntarios que sostienen rescates, tratamientos veterinarios y hogares de tránsito con recursos propios.
No puede ser que el Estado siga ausente, afirmó, al tiempo que recordó que muchas personas terminan endeudadas o empobrecidas por asumir responsabilidades que, a su entender, deben formar parte de una política pública.
En paralelo, reconoció que existen magistrados que impulsaron fallos innovadores en materia de derechos animales, aunque demostró que todavía son excepciones dentro de un sistema que sigue respondiendo de manera insuficiente. Una justicia que llega tarde, que mira para el costado, que no aguanta las penas, nunca va a ser ejemplificadora, concluyó.
Mientras la investigación judicial continúa y se espera la evolución de la causa contra el detenido, el caso volvió a demostrar el peso que puede tener la participación ciudadana. La difusión del video, las denuncias de vecinos y la intervención de organizaciones proteccionistas permitieron que el hecho llegara rápidamente a la Justicia, aunque también reabrieron un debate que desde hace años permanece sin respuestas de fondo: cómo prevenir el maltrato animal y dotar al Estado de herramientas eficaces para sancionarlo y evitar que vuelva a repetirse.
En cifras
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La Ley de Maltrato Animal en Argentina prevé prisión de tres meses a tres años y multa de cinco a 20 veces el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.
