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tn24 hace 6 horas 2 min de lectura

Un tribunal estadounidense obliga a la Argentina a pagar casi USD 400 millones por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas - TN24

Un tribunal de Washington le dio la razón a un fondo de inversión extranjero y confirmó que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por haber

Un tribunal estadounidense obliga a la Argentina a pagar casi USD 400 millones por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas - TN24
Foto: tn24

Un tribunal de Washington le dio la razón a un fondo de inversión extranjero y confirmó que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por haber estatizado Aerolíneas Argentinas hace casi dos décadas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso con el que el Estado argentino intentaba anular el fallo de primera instancia, y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que hoy reclama ese dinero.

La condena se ubica entre las más costosas que enfrenta la Argentina fuera de sus fronteras. En los últimos 16 meses el país no pagó ninguna suma de este laudo, una situación que llevó a Titan a acelerar su ofensiva judicial. El fallo no sería en contra de la empresa, sino del Estado Nacional.

El origen del reclamo

La disputa comenzó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que entonces estaban controladas por el grupo español Marsans. La empresa sostuvo que la expropiación había sido injusta y llevó el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial para controversias entre Estados e inversores.

En 2017, el CIADI resolvió a favor de Marsans y fijó una compensación de USD 320 millones más intereses. La empresa española no llegó a cobrar esa suma y más tarde transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, un fondo británico que también litigó contra Argentina por la expropiación de YPF.

Burford vendió esos derechos a Titan Consortium, que desde 2021 impulsa en Washington el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral. El punto central del caso es que las decisiones del CIADI no se ejecutan de manera directa sobre bienes de un Estado, sino que deben ser reconocidas por tribunales locales para intentar su cumplimiento.

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