Farmacias, transporte marítimo y criptomonedas: el Gobierno impulsa una nueva etapa de desregulación económica
El Ejecutivo prepara un paquete de reformas que modifica regulaciones en sectores clave y busca ampliar sus facultades para avanzar en la liberalización económica.
Con la reanudación de la actividad legislativa tras el receso invernal, el Gobierno de Javier Milei está preparando el envío al Congreso Nacional de un nuevo paquete de reformas impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El anteproyecto, que consta de 144 páginas, propone eliminar o modificar normas que regulan sectores como salud, energía, agroindustria, transporte, cultura, mercado inmobiliario y sistema financiero. Además, el Ejecutivo buscará obtener nuevas facultades delegadas para profundizar su programa libertario de liberalización económica.
Este texto, diseñado por Sturzenegger, constituye la segunda fase del denominado plan “Hojarasca”. El oficialismo milieísta pretende “barrer” con aquellas normativas que, según su visión, generan sobrecostos, limitan la competencia o dificultan el libre funcionamiento de los mercados. El anteproyecto agrupa modificaciones que impactan en actividades profesionales, comercio, salud, energía, producción agropecuaria, transporte, cultura y sistema financiero, e incluye cambios impositivos y administrativos que afectan la relación comercial, laboral y administrativa cotidiana de los argentinos.
La iniciativa, todavía en estudio en la presidencia, propone un repliegue significativo de la intervención estatal, guiado por un principio transversal: reemplazar regulaciones sectoriales específicas por reglas generales de “libre mercado”. La idea es que la mayoría de las condiciones comerciales se definan mediante acuerdos entre privados, sin la intervención de leyes o disposiciones burocráticas.
En materia administrativa y fiscal, el borrador elimina la exigencia generalizada de presentar traducciones públicas ante organismos estatales, limitándolas a casos puntuales definidos por la autoridad correspondiente. En el ámbito impositivo, se elimina la exención general del Impuesto a las Ganancias para cooperativas que reporten excedentes superiores a 500 millones de pesos anuales. Además, se propone la derogación completa del régimen legal que regula las Zonas Francas.
Un capítulo de alto impacto político busca declarar la emergencia pública en materia administrativa y de competencia por seis meses, y solicita al Congreso nuevas facultades delegadas para que el Poder Ejecutivo pueda modificar o derogar leyes que establezcan barreras de ingreso, cupos de producción o controles de precios en actividades que no sean consideradas servicios públicos. Aunque el texto puede sufrir ajustes antes de su presentación formal, el proyecto revela la intención del Gobierno de acelerar la desregulación económica y reducir la intervención estatal en los mercados.
En transporte marítimo, el proyecto permite que barcos con bandera extranjera realicen transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos, un mercado que históricamente estuvo reservado para embarcaciones nacionales. Se flexibiliza la exigencia de tripulación argentina, eliminando la obligación durante los primeros 90 días y estableciendo una cuota progresiva que llegará al 75% tras un año. También se eliminan los aranceles de importación para barcos nuevos o de hasta 20 años que operen bajo bandera argentina.
En el sistema financiero, se otorga validez legal a los “contratos inteligentes” y a la tecnología blockchain para la constitución de garantías reales. Se autoriza explícitamente el uso de criptomonedas y otros activos virtuales como respaldo para el pago de obligaciones. Además, se propone crear un Sistema Federal de Registro de Garantías, 100% digital e interoperable, para unificar y agilizar la inscripción de prendas y warrants a nivel nacional. Se digitalizarán totalmente los warrants, permitiendo su negociación en mercados avalados por la Comisión Nacional de Valores y la incorporación de cláusulas de actualización en pagarés sin afectar su validez ejecutiva.
En el mercado inmobiliario y servicios profesionales, el proyecto elimina el requisito de título universitario para trabajar como corredor inmobiliario o martillero público, exigiendo solo ser mayor de edad y tener el secundario completo. También se suprimen las normativas que establecen aranceles mínimos, máximos o sugeridos para comisiones, permitiendo que se negocien libremente. Se habilita expresamente el desarrollo de estas actividades a través de plataformas digitales, sentando las bases para un sistema de intermediación desregulado.
En el sector energético, se propone derogar la Ley 26.020, que regula el mercado del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Esto eliminaría la intervención estatal en precios, márgenes de rentabilidad, límites de venta y cupos de abastecimiento para las garrafas. El Estado mantendría únicamente el control sobre la seguridad técnica de las instalaciones y productos, retirándose de cualquier regulación económica del sector.
En cultura y medios audiovisuales, se plantea derogar la Ley de Precio Uniforme del Libro, vigente desde hace más de veinte años, para permitir que cada comercio decida libremente descuentos y promociones, fomentando la competencia entre librerías, supermercados y grandes cadenas. Se elimina la obligación de realizar en el país el doblaje de contenidos audiovisuales extranjeros emitidos por televisión. Además, las tareas de promoción editorial, actualmente dispersas, quedarían concentradas en la Secretaría de Cultura.
En salud, la propuesta habilita la venta de medicamentos de venta libre fuera de farmacias, permitiendo su comercialización en supermercados, kioscos y otros comercios. También autoriza la venta digital de medicamentos bajo receta mediante plataformas tecnológicas, con entrega a domicilio a través de empresas privadas de logística. Se impone la digitalización obligatoria de recetas médicas y registros de farmacias, que deberán conservarse por al menos tres años. Además, las droguerías podrían vender directamente al público si cumplen con los requisitos para constituirse como farmacias, ampliando los puntos de venta disponibles.
En el sector agropecuario, se plantea derogar las leyes específicas que regulan los arrendamientos rurales para que estos contratos se rijan únicamente por las normas generales del Código Civil y Comercial, priorizando la libre voluntad de las partes. En vitivinicultura, se propone disolver la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y reducir el poder del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), haciendo optativos los controles obligatorios para certificar origen, añada y varietal, limitando la fiscalización estatal a garantizar la aptitud para el consumo humano.
Respecto al financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el plan establece que a partir de octubre de 2027 se eliminen las contribuciones obligatorias que sostienen al organismo, obligándolo a buscar financiamiento mediante aportes voluntarios y recursos propios. También se suprime la obligación de producir localmente ciertos medicamentos veterinarios importados dentro de los plazos que exige la ley actual.
