Revés judicial para Argentina en EE.UU.: deberá pagar más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas
La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó el fallo contra el Estado argentino en la demanda iniciada por el fondo Titan Consortium, que reclama una indemnización derivada de la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral.
La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en una de las causas vinculadas a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia ratificó la sentencia que obliga al país a abonar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium, que adquirió los derechos del reclamo iniciado tras la estatización de la compañía aérea.
El conflicto tiene su origen en 2008, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. A raíz de esa decisión, antiguos accionistas iniciaron un proceso arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
En 2017, ese tribunal internacional resolvió que la Argentina debía indemnizar a los demandantes con unos US$321 millones, cifra a la que se sumaban intereses y costas judiciales. Aunque el Estado argentino solicitó la nulidad del laudo, el planteo fue rechazado y la resolución quedó firme en 2019.
Posteriormente, Titan Consortium adquirió los derechos económicos derivados de esa sentencia y, en 2021, presentó una demanda para que el laudo fuera reconocido y ejecutado por la Justicia estadounidense.
En diciembre de 2024, la Corte de Distrito de Columbia rechazó el planteo argentino que sostenía que el reclamo había prescripto. El tribunal determinó que el plazo aplicable era de 12 años y no de tres, como argumentaba el Estado, y fijó el monto de la condena en US$390.907.115,55, más los intereses que continúan acumulándose desde la fecha de la sentencia.
La Argentina apeló esa decisión, pero este martes la Cámara de Apelaciones confirmó íntegramente el criterio de primera instancia, dejando firme la obligación de pago por un monto superior a los US$390 millones.
Tras conocerse el fallo, la Procuración del Tesoro informó que evalúa las alternativas jurídicas disponibles para intentar revertir la decisión o reducir su impacto económico. Desde el organismo señalaron que el litigio es consecuencia de decisiones adoptadas años atrás y remarcaron que el país continúa afrontando las consecuencias de causas judiciales heredadas vinculadas con políticas estatales de administraciones anteriores.
