Rechazos desde la oposición a la intención del Gobierno de derogar la ley del precio único del libro - Parlamentario
Dirigentes de distintos espacios políticos cuestionaron la inclusión de la Ley 25.542 en el anteproyecto de desregulaciones que impulsa el Ejecutivo y que fue difundido en exclusiva por parlamentario.com. Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro advirtie
Dirigentes de distintos espacios políticos cuestionaron la inclusión de la Ley 25.542 en el anteproyecto de desregulaciones que impulsa el Ejecutivo y que fue difundido en exclusiva por parlamentario.com. Myriam Bregman y Maximiliano Ferraro advirtieron sobre el impacto que la medida podría tener en librerías, editoriales independientes y la diversidad cultural.
La decisión del Gobierno de incluir la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera en el anteproyecto de ley de desregulaciones conocido en los últimos días generó críticas desde distintos sectores de la oposición, que alertaron sobre las consecuencias de eliminar el sistema de precio único del libro vigente en la Argentina.
Entre las voces que salieron a cuestionar la iniciativa estuvieron la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en advertir que la medida favorecería la concentración del mercado editorial y pondría en riesgo a librerías y editoriales independientes.
Bregman sostuvo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Gobierno vuelven con su obsesión de avanzar contra la cultura y recordó que una medida similar ya había sido impulsada en el DNU 70/23 y en la denominada Ley Bases original, aunque finalmente no prosperó.
La legisladora señaló que la derogación de la norma podría derivar en aumentos de precios al eliminarse los límites que hoy establece el sistema de precio uniforme de venta al público. Asimismo, advirtió que la medida favorecería una mayor concentración del mercado editorial en perjuicio de los sellos independientes.
Esto pondrá en peligro la continuidad de cientos de librerías en todo el país por la eliminación del precio único del libro, afirmó la diputada, quien además consideró que la iniciativa agravaría la situación de escritores y escritoras que ya desarrollan su actividad en condiciones de precariedad.
En ese marco, adelantó que desde la izquierda convocarán a autores, editoriales y libreros para impulsar acciones contra la propuesta oficial y sumarse a los sectores de la cultura que defienden la continuidad del régimen vigente.
Desde otro sector de la oposición, Ferraro también rechazó la iniciativa y cuestionó duramente a Sturzenegger. No tiene idea, y tampoco le interesa comprender, lo que representa el libro para la Argentina, sostuvo el diputado nacional.
El presidente de la Coalición Cívica destacó que la actividad editorial no sólo constituye una expresión cultural, sino también una industria que genera miles de puestos de trabajo y que involucra a editoriales, librerías, autores, traductores, correctores, diseñadores, imprentas y distribuidores.
Ferraro remarcó además que la legislación actual no le cuesta un solo peso al Estado, por lo que rechazó cualquier justificación basada en la reducción del gasto público. Según planteó, detrás de la propuesta existe un intento de concentrar el mercado en beneficio de unos pocos actores económicos.
El objetivo es claro: beneficiar a unos pocos, concentrar el mercado y debilitar la diversidad editorial que caracteriza a la Argentina, sostuvo, al tiempo que advirtió sobre el riesgo de avanzar hacia un modelo dominado por grandes cadenas comerciales y supermercados en detrimento de las librerías de cercanía.
El legislador también vinculó la iniciativa con otras medidas del Gobierno en áreas como ciencia, tecnología y organismos de investigación, y consideró que la eventual derogación de la Ley 25.542 implicaría un nuevo retroceso para uno de los rasgos distintivos de la identidad cultural argentina.
La Ley 25.542 establece un sistema de precio único para la venta de libros al público, mecanismo que según sus defensores busca preservar la competencia entre librerías de distinto tamaño, garantizar la diversidad editorial y evitar prácticas comerciales que favorezcan la concentración del mercado. Su eventual derogación promete convertirse en un nuevo foco de disputa entre el oficialismo y los sectores vinculados a la industria editorial y cultural.
