UNSJ: imputaron a un jefe administrativo por presunto abuso sexual y le prohibieron acercarse a la denunciante
La Justicia imputó a un empleado jerárquico de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), acusado de abuso sexual en perjuicio de una trabajadora.
La Justicia de San Juan abrió una investigación penal contra un jefe administrativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), acusado de haber cometido presuntos hechos de abuso sexual contra una empleada del Instituto CEFOCCA (Centro de Fotogrametría, Cartografía y Catastro), dependiente de la Facultad de Ingeniería.
Se trata de Nicolás Ismael Morales, de 63 años, quien fue imputado por el delito de abuso sexual simple reiterado, una figura del Código Penal que sanciona los contactos de índole sexual realizados sin consentimiento y que no implican acceso carnal. La acusación contempla, al menos de manera provisoria, dos hechos que habrían ocurrido en distintos momentos.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal Florencia Pons Belmonte, de la UFI CAVIG, expuso que la investigación apunta a demostrar que el acusado habría aprovechado su posición jerárquica dentro del instituto para ejercer presión sobre la trabajadora y generar una relación de dependencia que luego derivó en un supuesto escenario de acoso y violencia de género.
Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, el hombre le habría hecho creer a la mujer que su ingreso laboral dependía exclusivamente de él, generando una sensación de deuda o compromiso personal. A partir de allí, siempre de acuerdo con la denuncia, comenzaron los mensajes fuera del horario de trabajo, las insinuaciones, las canciones con contenido sugestivo y distintas situaciones que la empleada rechazó de manera reiterada.
La Fiscalía sostuvo que el hostigamiento fue escalando hasta llegar a episodios de presunto abuso sexual ocurridos entre 2024 y principios de este año. Entre las pruebas incorporadas al expediente se encuentran conversaciones de WhatsApp, testimonios y otros elementos que serán analizados durante la investigación. Además, una testigo declaró haber vivido una situación de acoso similar con el mismo acusado.
La denuncia fue presentada primero ante las autoridades de la universidad y posteriormente en la UFI CAVIG. Como medida preventiva, la UNSJ dispuso que ambas personas trabajaran en turnos diferentes mientras avanzaban las actuaciones internas.
Por su parte, la defensa, representada por el abogado José Beltrán Bengoa, negó las acusaciones y sostuvo que no existió abuso ni una relación de poder como la descripta por la Fiscalía. Incluso, durante la audiencia, el abogado del imputado calificó lo ocurrido como un simple "histeriqueo entre compañeros", una postura que generó fuerte controversia. También adelantó que su cliente entregará voluntariamente su teléfono celular para que sea peritado y afirmó que existe otro motivo detrás de la denuncia, aunque no brindó detalles.
El juez de garantías Mariano Carrera dio por formalizada la investigación y fijó un plazo de nueve meses para que la Fiscalía reúna las pruebas y determine si corresponde solicitar la elevación de la causa a juicio.
Mientras tanto, Morales continuará el proceso en libertad, aunque deberá cumplir una serie de restricciones impuestas por la Justicia. Entre ellas, tiene prohibido acercarse a la denunciante a menos de 300 metros, contactarla por cualquier medio o realizar acciones que puedan afectar la investigación. Estas medidas buscan proteger a la presunta víctima mientras se desarrolla la causa y no implican un adelanto de culpabilidad, ya que la responsabilidad penal del imputado solo podrá definirse mediante una sentencia firme.
