Adrián Ravier quedó enredado por Malvinas: no respondió sobre un buque israelí y se refugió en un comunicado de Cancillería
El episodio expuso las dificultades del portavoz para abordar uno de los asuntos diplomáticos más sensibles de la Argentina en una semana marcada por el nacionalismo a flor de piel.
Con una referencia temporal equivocada y una aclaración sobre la instrucción del canciller Pablo Quirno, Adrián Ravier intentó responder a la pregunta de una periodista acreditada -quien consultó sobre el buque israelí que se encuentra apostado en las islas y la explotación del territorio por parte de empresas extranjeras-, pero no lo logró. Después de encontrar la hoja con la respuesta correcta, el vocero evitó la pregunta que le fue realizada y respondió leyendo una nota formal de protesta presentada durante la semana anterior.
El documento expresa el más enérgico rechazo del país ante el proyecto impulsado por Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, de origen israelí. Además, vinculó el reclamo con la Resolución 2065 de las Naciones Unidas y con otras decisiones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización (las cuales solicitan consultar al Estado previo a realizarse cualquier tipo de explotación o exploración en un territorio en disputa) y explicó que las firmas no cuentan con permisos emitidos por la autoridad argentina competente.
Es decir, no respondió nada sobre el buque, no respondió si el Gobierno tomará alguna medida, tampoco expresó información sobre una posible comunicación con el gobierno israelí o si esto afectaría el acuerdo vigente firmado en 2024 entre ambas cancillerías.
El proyecto israelí que vuelve a presionar al Gobierno por Malvinas
La situación corresponde al yacimiento Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Las autoridades instaladas por el Reino Unido autorizaron su explotación sin la aprobación del Gobierno argentino. Son dos empresas involucradas: Navitas Petroleum Development and Production Limited, que controla el 65% de la iniciativa petrolera y Rockhopper Exploration, el 35% restante.
La explotación de recursos en Malvinas arrastra antecedentes judiciales en la Argentina. El proyecto recibió una denuncia penal en 2015 y una jueza federal de Río Grande ordenó multas, secuestros de barcos, plataformas y equipos contra las compañías que operaban sin autorización nacional.
En la actualidad, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona cuestionó el argumento según el cual el Estado israelí no puede intervenir porque Navitas es una empresa privada. Carmona sostuvo que la compañía mantiene concesiones hidrocarburíferas otorgadas por Israel en el mar Mediterráneo y que el Gobierno de ese país podría ejercer presión si tuviera voluntad política.
