Soyem pidió intervención de Trabajo por la reubicación de los empleados del basural de Bariloche
Las críticas gremiales apuntan sobre la falta de información sobre la medida y las garantías de los derechos laborales, luego de la cesión de las tareas a una empresa privada.
La contratación directa de una empresa privada para la gestión del basural de Bariloche y la reubicación del personal que se desempeñaba allí a otras áreas municipales generó la reacción del Soyem, que cuestionó la desprolijidad del proceso, la falta de garantías sobre las continuidad de las condiciones laborales y pidió la intervención de la secretaría de Trabajo.
La secretaria general del gremio municipal, Brenda Morales, dijo que son 27 los trabajadores trasladados sin notificaciones ni entrevistas previas, como resultado del ingreso de la empresa Rowing SA, que se ocupará de la administración integral del vertedero ubicado sobre el acceso sur de Bariloche. La decisión fue tomada por el intendente Walter Cortés, ante las demoras del Concejo Municipal para dar tratamiento a un proyecto de licitación de ese servicio.
Cortés firmó la semana pasada tres resoluciones sobre el tema. En una otorgó por un año la operación integral del vertedero a la misma firma que desde hace años alquila maquinarias para esa tarea. En otra dispuso la reubicación del personal municipal y una tercera definió las áreas a donde serían destinados como Tránsito, Parques y Jardines, las delegaciones municipales Cerro Otto, Lago Moreno y Pampa de Huenuleo, entre otras dependencias.
El Soyem realizó esta mañana una asamblea informativa en el Centro Cívico para evaluar la situación, donde surgieron críticas al manejo del proceso por parte del Ejecutivo y la necesidad de pedir una audiencia en Trabajo para exigir precisiones y compromisos por escrito.
Morales dijo que necesitan algo certero sobre el respeto de las antigüedades laborales, los salarios y otros derechos adquiridos, para que queden en un acta, que hasta hoy no existe. Señaló que los traslados se hicieron sin notificación fehaciente y que la inquietud se debe también a que algunos de los trabajadores afectados se están por jubilar. Aseguró que el marco fue demasiado desprolijo.
La secretaria municipal de Recursos Humanos, Florencia Galiani, desmintió que la información para los trabajadores haya sido confusa o incompleta. Señalo que el Soyem fue convocado a la comisión de Gremiales para que participen del proceso de movilidad y que de los 27 agentes involucrados al menos 10 ya se mostraron de acuerdo con sus nuevos destinos.
Señaló también que está garantizada la continuidad de las mismas condiciones, incluido el reconocimiento de trabajo insalubre, por el cual esos trabajadores tienen jornada reducida y se jubilan en forma anticipada. Galiani dijo que no habrá inconveniente en detallarlo y formalizarlo en la sede de Trabajo. Recordó que la movilidad de los agentes es una atribución del gobierno y está prevista en el Estatuto.
Otros cuestionamientos del gremio
Morales apuntó también contra la contratación de una empresa privada para la operatoria del basural, y la falta de consulta con los barrios circundantes, que padecen el impacto ambiental del complejo.
Mediante la resolución firmada por el intendente la semana pasada, Cortés cedió a la empresa Rowing la gestión del basural por un año. El servicio le costará al municipio 339 millones de pesos, y la firma asumió obligaciones específicas respecto del tratamiento de la basura, la metodología y la maquinaria a utilizar.
La dirigente del Soyem lamentó la falta de consenso entre el Ejecutivo y el Concejo para dar respuesta a la comunidad sobre el funcionamiento del vertedero, que está en medio de la ciudad y está colapsado. Dijo que la privatización se lleva muchísimo dinero y no es negocio para la municipalidad. Sostuvo que para el Soyem es un problema que se realice sin la suficiente información y sin consenso social.
La contratación directa de una empresa privada para la gestión del basural de Bariloche y la reubicación del personal que se desempeñaba allí a otras áreas municipales generó la reacción del Soyem, que cuestionó la desprolijidad del proceso, la falta de garantías sobre las continuidad de las condiciones laborales y pidió la intervención de la secretaría de Trabajo.
