El sistema previsional, cada vez más deteriorado: menos empleo formal, menos aportes y menos jubilaciones
La expansión de la informalidad y el cierre de las moratorias modifican el acceso al retiro para miles de trabajadores. Especialistas advierten que cada vez más personas dependerán de prestaciones mínimas o de la PUAM.
El sistema previsional argentino enfrenta un deterioro que ya combina menos empleo registrado, una caída de los recursos de la seguridad social y una fuerte reducción en el acceso a las jubilaciones. Mientras la informalidad absorbe a quienes pierden trabajos formales, IDESA proyectó que las nuevas prestaciones previsionales caerán cerca de un 45% en 2026 frente a 2024, en un escenario en el que crecen los trabajadores con aportes insuficientes y se profundiza la presión sobre el régimen de reparto.
El problema comienza en el mercado laboral. Según IDESA, entre noviembre de 2023 y abril de 2026 las actividades vinculadas con el campo, la energía y la minería sumaron 11.000 empleos formales, pero la economía urbana perdió 267.000. El resultado fue una destrucción neta cercana a 255.000 puestos asalariados registrados en empresas privadas.
Menos empleo formal y una expansión de la informalidad
Los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan esa tendencia. En abril de 2026 había 12,765 millones de personas con trabajo registrado, un 0,7% menos que un año antes y 28.000 menos que en marzo. Dentro de ese total, 9,951 millones correspondían a asalariados registrados y 2,814 millones a trabajadores independientes.
El empleo asalariado formal cayó un 0,1% mensual, impulsado por una baja del 0,2% en el sector privado. En la comparación interanual, el retroceso alcanzó el 1,4%, con 142.300 trabajadores menos, de los cuales 128.600 pertenecían al ámbito privado. Al mismo tiempo, IDESA estimó que el empleo informal creció en unas 450.000 personas desde noviembre de 2023, entre asalariados no registrados y cuentapropistas fuera del monotributo.
La menor cantidad de puestos registrados también golpeó la recaudación. La consultora Labour, Capital & Growth (LCG) informó que los ingresos por Seguridad Social cayeron un 3% interanual real en junio y consideró que, ante una recuperación marginal de los salarios reales, la disminución del empleo aparece como la principal explicación. La consultora proyectó, además, que la recaudación total de 2026 quedará un 7% por debajo de la registrada en 2025 en términos reales.
Las altas jubilatorias caerían un 45% en dos años
La pérdida de empleo formal no solo reduce los aportes actuales, sino que también limita el acceso futuro a una jubilación. Según los datos de la Subsecretaría de Seguridad Social citados por IDESA, en 2024 se registraron 105.000 altas contributivas, correspondientes a personas con 30 años de aportes, y 320.000 beneficios otorgados mediante moratorias o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
En 2025, las jubilaciones contributivas aumentaron levemente hasta 113.000, mientras que las altas mediante moratoria y PUAM bajaron a 248.000. Para 2026, la proyección contempla 110.000 prestaciones contributivas y solo 123.000 beneficios para quienes no reúnen los años mínimos de aportes.
En conjunto, las nuevas jubilaciones pasarían de 425.000 en 2024 a aproximadamente 233.000 en 2026, una reducción cercana al 45%. Para IDESA, el descenso se explica por el cierre de las moratorias, ya que las prestaciones contributivas se mantienen alrededor de las 110.000 anuales, mientras se reduce drásticamente el acceso de quienes llegan a la edad jubilatoria sin los aportes requeridos.
El informe advierte que una proporción creciente de los futuros jubilados dependerá de la PUAM, cuyo haber equivale al 80% de la jubilación mínima. Incluso entre quienes logren completar sus aportes, aumentará el peso de trabajadores provenientes del monotributo, que también tenderán a acceder a haberes mínimos debido a las características de sus contribuciones.
IDESA sostuvo que la Argentina enfrenta una amenaza por un doble flanco: la caída de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, que tensionan el régimen de reparto, y el deterioro del mercado laboral, que reduce la cantidad y la calidad de los aportes. Para la entidad, la persistencia de una informalidad masiva anticipa un empeoramiento de la calidad de vida de los jubilados.
Las reformas laborales y su impacto sobre los recursos previsionales
En paralelo, la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) incorporó un nuevo esquema para financiar determinadas indemnizaciones mediante contribuciones periódicas de los empleadores. De acuerdo con el análisis del estudio de abogados PASBBA, esos pagos serán recaudados a través de la Contribución Unificada de la Seguridad Social y, como contrapartida, las empresas podrán computar una reducción equivalente de contribuciones patronales.
LCG advirtió que la implementación del FAL absorberá recursos que hasta ahora eran enviados a la ANSES. Su entrada en vigencia fue postergada hasta el 1° de noviembre de 2026, por lo que el impacto pleno se trasladaría al próximo año, dentro de un escenario en el que la recaudación previsional ya muestra una caída real.
En esta misma linea, Martin Lepiane, socio en Martínez de Hoz & Rueda, coincidió en que si bien el FAL "no constituye un fondo previsional ni jubilatorio en sentido estricto, su diseño normativo presenta una conexión directa con el financiamiento del Sistema de Seguridad Social, dado que su reglamentación prevé una reducción de contribuciones patronales al Sistema de Seguridad Social equivalente a la contribución destinada al FAL".
"La arquitectura del FAL implica que una porción de recursos que tradicionalmente ingresaría como contribución patronal a los subsistemas de seguridad social pasa a financiar un vehículo específico de cobertura laboral administrado bajo esquemas del mercado de capitales", agregó Lepiane.
La reforma laboral también creó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, destinado a regularizar relaciones laborales no declaradas o registradas de manera deficiente. El esquema contempla condonaciones de deuda del 90% para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, del 80% para medianas empresas y del 70% para el resto, además de una eliminación total de determinadas obligaciones vinculadas con obras sociales, ART y seguro de vida.
Los períodos regularizados serán reconocidos como tiempo de servicio para acceder a jubilaciones, pensiones, prestaciones por invalidez y seguro de desempleo. Sin embargo, la aplicación efectiva del régimen todavía depende de que ARCA establezca los procedimientos, plazos y mecanismos necesarios para formalizar las relaciones laborales y determinar las deudas alcanzadas.
Un proyecto propone eliminar el requisito de 30 años de aportes
Frente al deterioro del sistema, la diputada Alejandra Torres, de Encuentro Federal, presentó junto con Agustín Domingo un proyecto de transición hacia un ordenamiento integral del régimen previsional. La iniciativa propone eliminar el requisito mínimo de 30 años de aportes para acceder a la jubilación y reconocer cada período efectivamente contribuido una vez alcanzada la edad legal.
El proyecto plantea que el haber se calcule considerando las remuneraciones de toda la vida laboral y no únicamente las de los últimos diez años. La prestación estaría compuesta por la Prestación Básica Universal más un 1,5% del salario de referencia por cada año aportado, hasta un máximo de 35 años, con reglas específicas para asalariados, autónomos y trabajadores sujetos a contribuciones fijas.
La propuesta también busca convertir a la PUAM en una garantía de haber mínimo, vincular su valor al Salario Mínimo, Vital y Móvil y aumentarla según la cantidad de meses aportados por cada beneficiario. Además, prevé la creación de un Grupo de Expertos Previsionales encargado de diseñar en seis meses un sistema basado en tres pilares: uno solidario, otro proporcional a los aportes y un tercero de ahorro voluntario.
Los distintos diagnósticos muestran que la crisis previsional ya no se limita al monto de los haberes: cae el empleo formal, retroceden los recursos de la seguridad social, disminuyen las altas jubilatorias y crece la cantidad de personas que llegará al retiro sin aportes suficientes. Mientras las reformas laborales buscan incentivar la registración y reducir costos, IDESA y el proyecto legislativo coinciden en que postergar una transformación integral mantendrá un sistema con menos aportantes, prestaciones más bajas y una presión financiera cada vez mayor.
GZ/AM
