Una pyme de Larroque enfrenta una condena laboral de $350 millones - Informe Digital
La familia Taffarel llevó el caso a la Corte y advierte que el monto puede llevar a Papel 2000 a la quiebra.
Una pyme familiar de Larroque quedó al borde de la quiebra por una condena laboral que, con intereses, ya ronda los $350 millones. La empresa Papel 2000, dedicada a fabricar y vender papel higiénico y rollos de cocina, agotó las instancias provinciales y ahora busca que la Corte Suprema revise el caso.
La firma pertenece a la familia Taffarel y lleva 27 años en el mercado. Según relató Paul Taffarel a R2820 y Radio Nacional, el conflicto se originó en 2021, cuando Gregorio Alberto Witiuk y Valentín Witiuk, padre e hijo de Concepción del Uruguay, iniciaron una demanda para ser reconocidos como empleados de la empresa.
De una preventa comercial a un juicio millonario
De acuerdo con la versión de la empresa, los Witiuk se dedicaban a la preventa de productos en distintas zonas de la costa del Uruguay y cobraban comisión por esa tarea, sin relación de dependencia, vehículo de la firma ni oficina propia.
La demanda original fue por $46 millones. Los abogados de la familia, Alfio Gette y Rubén Virué, sostienen que en la primera audiencia de conciliación la jueza Nora Angélica Garín, titular del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N°2 de Concepción del Uruguay, consideró esa cifra irrisoria y pidió reducirla. Hubo una propuesta de $12 millones, pero no prosperó.
Después, el expediente siguió su curso con planteos de la defensa sobre supuestas irregularidades, entre ellas testigos que no conocían el apellido de los demandados y una grabación de audiencia que, según dijeron, se extravió en la fiscalía sin notificación al abogado de la pyme.
La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda y rechazó la excepción de incompetencia planteada por la defensa. Condenó a Sergio Omar Taffarel, Paul Omar Taffarel y Vanina Roxana Taffarel a pagar $156.200.960,35, más intereses hasta el efectivo pago. De ese total, más de $82 millones correspondieron a Gregorio Alberto Witiuk y casi $73 millones a Valentín Alberto Witiuk.
El fallo también impuso costas y reguló honorarios para ambas partes. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, la cifra escaló hasta los $350 millones que hoy comprometen a la empresa.
La defensa habla de riesgo de quiebra
Paul Taffarel aseguró que en 27 años de actividad y con decenas de empleados que pasaron por la fábrica nunca habían enfrentado un juicio laboral. También dijo que, para evitar nuevas demandas, indemnizaron a todos los trabajadores y hoy la planta funciona solo con mano de obra familiar: sus cinco hermanos, sus padres ya jubilados y dos cuñados.
Para poder remontar esto y volver a tomar empleados, con esta situación va a ser imposible, afirmó. Y resumió el impacto del expediente en una frase: Dicho por la propia jueza significaría la quiebra de la empresa.
La pelea sigue en la Corte
La familia apeló ante la Cámara de Concepción del Uruguay, que confirmó la sentencia. Luego presentó un recurso de inaplicabilidad de ley ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde el fallo salió dividido.
El primer voto sostuvo que la Cámara no se había pronunciado sobre la aplicación de la Ley 27.742, que eliminó el régimen de multas de las leyes 24.013 y 25.323 y del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según ese criterio, ese punto representa cerca de la mitad del monto total de la condena y debía volver a la Cámara para ser tratado.
Pero por mayoría, los otros dos votos no analizaron el fondo del planteo y consideraron que el recurso estaba mal concedido, por un tecnicismo.
Frente a ese rechazo, la defensa presentó esta semana un recurso extraordinario federal para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El planteo busca que se revise si el recurso ante el STJER fue correctamente rechazado y, además, que se defina si corresponde aplicar la Ley 27.742, lo que según los abogados reduciría a la mitad el monto de la condena.
Es una situación harto compleja, un monto económico muy importante que pone en riesgo el patrimonio de la empresa, dijeron Gette y Virué. Detrás de los expedientes y los votos divididos, la pyme entrerriana espera una definición que puede marcar su futuro inmediato.
