Los trabajadores del INDEC denuncian el contraste entre el anuncio del gobiero para blindar" el organismo y su práctica concreta
Los técnicos destacan que el propio ministro de Economía reconoció que la decisión de no actualizar la medición de precios respondió a intereses políticos del oficialismo. Dicen que hay condiciones técnicas y descreen de los anuncios del Ejecutivo.
El nuevo vocero presidencial Adrián Ravier anunció la semana pasada la intención del gobierno de avanzar con un proyecto de ley para blindar el INDEC. El anuncio oficial, aseguran, apunta darle mayor autonomía al ente estadístico nacional para evitar que futuras administraciones puedan manipular las estadísticas oficiales.
El anuncio, sin embargo, se ganó rápidamente la denuncia y el descréditos de los trabajadores y técnicos del organismo representados por la Junta interna de ATE que históricamente han velado por la transparencia y fidelidad de los informes estadísticos oficiales.
La posición de los trabajadores del INDEC contra eventuales manipulaciones se ha sostenido a través de los años con independencia del color político del gobierno en ejercicio. Esa actitud ha forjado su credibilidad y, a través de ellos, al sistema estadístico nacional.
Ahora, los mismos técnicos, salieron a desenmascarar los anuncios oficiales poniendo de manifiesto el doble discurso o, mejor dicho, el contraste entre las palabras y los hechos que emanan de los voceros del Palacio de Hacienda.
A través de un comunicado de la junta interna de ATE, los trabajadores aseguran que blindar al INDEC empieza por respetar su independencia.
ATE-INDEC observa con preocupación las recientes versiones o la idea sobre un supuesto blindaje institucional del INDEC mediante una futura reforma legal.
Para ellos, si bien toda iniciativa que fortalezca la independencia del organismo merece ser discutida resulta imposible hablar de blindar al INDEC después de haber vulnerado su independencia técnica.
Es que denuncian que hace 154 días, el 10 de febrero de 2026, el Gobierno incumplió el compromiso asumido de publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con las nuevas ponderaciones elaboradas a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18).
Para los técnicos, lo más grave es que esa decisión no respondió a fundamentos metodológicos sino a una definición política expresada públicamente por el ministro de Economía, quien sostuvo que la actualización debía postergarse hasta que concluyera el proceso de desinflación y finalizara el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos.
Los representantes gremiales aseguran que el planteo del Ejecutivo resulta incompatible con los principios que deben regir un organismo estadístico en tanto, las actualizaciones metodológicas no pueden depender de la oportunidad ni conveniencia política del gobierno de turno sino que deben responder exclusivamente a criterios científicos y metodológicos definidos por los equipos técnicos del INDEC.
Con todo, los trabajadores reconocen el carácter obsoleto de la ley 17.622 que da marco al sistema estadístico nacional y aseguran que resulta necesario un debate que culmine en una nueva ley de estadísticas públicas. Para ellos, sin embargo, resulta imprescindible establecer protocolos técnicos claros y objetivos de aplicación obligatoria que regulen los procedimientos y plazos para implementar actualizaciones metodológicas que, a la vez, deben impedir cualquier interferencia o postergación por razones políticas y garantizar que las decisiones técnicas se apliquen de manera oportuna, transparente y con reglas previamente establecidas.
El comunicado insiste en que durante estos 154 días, la Argentina continuó midiendo la inflación con una estructura de consumo del año 2004, cuando existían las condiciones técnicas para avanzar con la nueva metodología.
Para ellos, por eso, el verdadero blindaje del INDEC no comienza con una ley sino con el respeto irrestricto a su independencia técnica y, advierten, ninguna reforma institucional tendrá credibilidad si no garantiza que ningún gobierno pueda volver a interferir en la elaboración, actualización o difusión de las estadísticas públicas.
Pero además, los representantes gremiales señalan que no puede haber un INDEC verdaderamente independiente si quienes producen las estadísticas públicas trabajan bajo la amenaza de la precariedad laboral o perciben salarios que los ubican por debajo de los indicadores sociales que el propio organismo elabora y ratifican que la independencia técnica también se construye garantizando estabilidad laboral, carrera estadística y remuneraciones que preserven a sus trabajadores de cualquier forma de presión o condicionamiento político.
Para los técnicos del INDEC, el anuncio del gobierno encubre su propia praxis y, por lo tanto, podría representar un cortina de humo para una política de mayor control y asfixia presupuestaria.
