Las universidades piden habilitar la feria judicial para forzar una se
El CIN pidió habilitar la feria judicial para avanzar en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario durante el receso de invierno
El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de estudio públicas del país, solicitó ante la Justicia que se habilite la feria judicial de invierno para avanzar hacia una sentencia definitiva en la causa por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El planteo fue impulsado por el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, en representación del CIN, y presentado ante el juzgado contencioso administrativo federal de turno durante el receso. El objetivo es evitar que el expediente quede paralizado y lograr que se resuelva el fondo del debate judicial.
En el escrito, Bartolacci cuestionó duramente la demora del Estado. "Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026", señaló en la presentación. También acusó al Ejecutivo de haber desplegado "muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo".
El punto de tensión central es la medida cautelar que la Corte Suprema dejó firme a fines de junio, la cual ordena al Poder Ejecutivo aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Esas disposiciones establecen la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios y la actualización de las becas estudiantiles. Según las universidades, esos incrementos todavía no fueron efectivizados.
Más allá del reclamo por el cumplimiento de la cautelar, el CIN también busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento, un criterio que el Ejecutivo también utilizó para otras normas sancionadas por el Congreso.
Si bien en junio el Gobierno firmó un acta comprometiéndose a transferir fondos para mejorar salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el CIN sostiene que ese compromiso no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni de las órdenes judiciales ya dictadas. Ahora será el fiscal de feria quien deberá expedirse sobre el pedido de habilitación antes de que el juez Martín Cormick decida si el expediente continuará su trámite durante el receso.
