Los trabajadores despedidos en Conarpesa piden recuperar sus puestos y el STIA solicita la conciliación obligatoria
Nos trataron de violentos cuando eso nunca ocurrió, aseguró Vladimir Rodríguez, vocero de los cerca de 40 empleados cesanteados. La empresa denunció que durante la protesta en sus oficinas de Puerto Madryn hubo hechos de intimidación hacia el perso
El conflicto entre la pesquera Conarpesa y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) sumó este viernes un nuevo capítulo. Mientras la empresa comenzó a enviar telegramas de despido con causa a trabajadores involucrados en los incidentes ocurridos el 15 de julio en la planta de Puerto Madryn, el gremio solicitó formalmente el dictado de la conciliación obligatoria para intentar abrir una instancia de negociación. Al mismo tiempo, los empleados despedidos rechazaron las acusaciones de violencia y reclamaron la reincorporación a sus puestos de trabajo.
Uno de los voceros del grupo de despedidos, Vladimir Rodríguez, aseguró que ya fueron notificados 39 trabajadores, aunque sostuvo que entre ellos hay personas que ni siquiera participaron de los hechos señalados por la empresa. "Lo único que queríamos era trabajar. Nos echaron con causa injustamente y nos trataron de violentos cuando eso nunca ocurrió", afirmó en declaraciones a Canal 12.
El trabajador explicó que la protesta se originó porque, según sostuvo, existía un acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo para que el personal retomara sus tareas el 15 de julio. "Había un acuerdo firmado. Nosotros solo reclamábamos que se cumpliera ese compromiso", señaló.
Rodríguez indicó además que una parte importante del personal llevaba cinco meses sin actividad. "Veníamos hace cinco meses parados. No nos rebelamos; nos cansamos. Lo único que pedíamos era volver a trabajar para llevar el sustento a nuestras familias", expresó.
También negó que durante la protesta se hayan producido agresiones contra directivos o personal administrativo. "Entramos porque el propio Armando García nos dijo que fuéramos a hablar con él. Nunca hubo agresiones. Hay fotos y videos que demuestran que eso no pasó", aseguró.
Otra de las trabajadoras despedidas sostuvo que la mayoría de los afectados son mujeres con más de una década de antigüedad en la empresa. "No fuimos a pedir plata ni un adelanto. Solo pedíamos trabajar. Somos madres de familia y necesitábamos recuperar nuestra fuente laboral", manifestó.
El STIA pidió la conciliación obligatoria
En paralelo, el secretario general del STIA, Luis Núñez, confirmó que el sindicato presentó el pedido de conciliación obligatoria ante la Secretaría de Trabajo de Chubut y espera que el organismo convoque a una audiencia entre las partes.
"Estamos pidiendo la conciliación obligatoria. Terminamos de trabajar con los abogados de la entidad sindical, armamos la presentación y la enviamos. Ahora esperamos que la Secretaría de Trabajo la dicte y convoque a la primera audiencia", explicó.
El dirigente también solicitó que de las negociaciones participe WOFCO, el grupo empresario que controla Conarpesa. "Queremos que se presenten representantes de esa firma y no que todo quede manejado por Fernando Álvarez Castellano", sostuvo.
La postura de la empresa
Mientras tanto, Conarpesa ratificó los despidos y defendió su decisión. A través de un comunicado, sostuvo que durante la protesta hubo hechos de intimidación hacia el personal administrativo, lo que obligó a interrumpir la actividad y evacuar las oficinas con intervención policial. La empresa considera que esa conducta constituye una injuria grave que justifica la extinción del vínculo laboral.
Además, difundió un comunicado en el que cuestionó la ocupación de la planta y responsabilizó al STIA por el conflicto.
"CONARPESA expresa su más enérgico rechazo a la ocupación de sus instalaciones en Puerto Madryn por parte del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), una medida que vulnera derechos fundamentales, altera el normal funcionamiento de la empresa y perjudica a cientos de trabajadores que desean desarrollar sus tareas con normalidad", señaló.
La firma también afirmó que "ha sostenido históricamente una política de diálogo, inversión y generación de empleo" y reclamó que las diferencias "deben canalizarse por las vías institucionales y legales correspondientes, nunca mediante medidas de fuerza que impidan trabajar a quienes desean hacerlo".
Finalmente, pidió a las autoridades que garanticen "el libre acceso a las instalaciones, el derecho constitucional al trabajo y el normal desenvolvimiento de la actividad productiva", mientras el conflicto continúa sin una solución a la vista y a la espera de una definición de la Secretaría de Trabajo sobre el pedido de conciliación obligatoria.
