El Gobierno prepara una amplia desregulación
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El Gobierno prepara una amplia desregulación
Un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone modificar o derogar decenas de leyes para liberalizar actividades económicas. La iniciativa alcanza a la venta de medicamentos, el transporte marítimo, los fideicomisos, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales.
Una de las reformas más amplias del ciclo
Un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos para liberalizar actividades económicas, reducir requisitos regulatorios y avanzar en la digitalización de procedimientos. La iniciativa abarca desde la venta de medicamentos y el transporte marítimo hasta los fideicomisos, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales.
El texto del proyecto contiene más de un centenar de artículos distribuidos en ocho títulos y propone una de las reformas regulatorias más amplias desde el inicio de la gestión de Javier Milei. A diferencia del DNU 70/23, esta vez se trata de un proyecto de ley que modifica en forma simultánea actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial.
Corretaje: apertura total de la actividad
Uno de los primeros capítulos elimina buena parte de las restricciones para ejercer como corredor. El proyecto establece que para ejercer el corretaje sólo será necesario ser mayor de edad y contar con título secundario, y habilita expresamente que puedan actuar tanto personas humanas como jurídicas. También permite que la actividad se realice mediante plataformas digitales y autoriza a los corredores a organizarse bajo cualquier forma societaria. Se prohíbe que futuras regulaciones establezcan requisitos de residencia, incompatibilidades con otras profesiones, aranceles mínimos o máximos, y honorarios obligatorios. Además, se derogan los artículos 31 a 35 de la Ley 20.266 y el artículo 1355 del Código Civil y Comercial.
Gas licuado: desaparece la regulación económica
El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo que limita la intervención estatal a cuestiones de seguridad. La autoridad de aplicación conservará facultades de control técnico, pero se prohíbe expresamente regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad y condiciones comerciales. La reforma culmina con la derogación completa de la Ley 26.020, principal marco regulatorio del sector, y del artículo 74 de la Ley 24.076.
Farmacias: venta digital y medicamentos de venta libre en comercios
Uno de los capítulos más sensibles modifica profundamente la Ley 17.565, de Farmacias. Entre las principales novedades figuran la venta de medicamentos con receta por canales digitales, la entrega a domicilio, la comercialización de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, la libertad para fijar horarios de atención y la digitalización de recetas y registros. También se habilita que las farmacias adopten cualquier forma societaria, y las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias. Se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente.
Cabotaje: apertura a buques extranjeros
El capítulo dedicado a la marina mercante implica una de las reformas más profundas del sector en décadas. Se habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje dentro del territorio argentino. Las exigencias de tripulación nacional serán graduales: sin obligación hasta 90 días, 20% entre 91 y 180 días, 40% entre 181 y 360 días, y 75% a partir de los 360 días. También se deroga el histórico Decreto Ley 19.492 de 1944, eje de la reserva de carga nacional, se reduce a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad y se flexibilizan los requisitos de matrícula.
Agro: carne vacuna, arrendamientos y vitivinicultura
El anteproyecto introduce cambios en distintas cadenas agroindustriales. Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina serían eliminadas a partir del 1 de octubre de 2027, y el organismo pasaría a sostenerse con aportes voluntarios, donaciones y servicios.
En materia de arrendamientos rurales, el Gobierno propone derogar integralmente las leyes 13.246 y 14.432, que regulan desde hace décadas los contratos de arrendamiento y aparcerías rurales. Los contratos actualmente vigentes seguirán rigiéndose por esas normas hasta su vencimiento.
En el sector vitivinícola, se incorporan prácticas reconocidas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino y se simplifican los controles. Uno de los puntos de mayor impacto político es la derogación de la Ley 25.849, que dio origen al Plan Estratégico Vitivinícola y a la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), que deberá liquidarse y transferir sus fondos remanentes al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Libros, doblaje y traductores públicos
La iniciativa también modifica la Ley de Fomento del Libro y la Lectura y deroga numerosos artículos de la Ley 25.446. Entre las derogaciones más significativas figuran la Ley 23.316, vinculada a la industria del doblaje, y la Ley 25.542, conocida como ley de precio uniforme del libro, cuya eliminación habilitaría mayor libertad comercial en la venta de publicaciones.
En cuanto a los traductores públicos, se deroga el artículo 6 de la Ley 20.305 y se establece que el Poder Ejecutivo sólo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales.
Mercado financiero: contratos inteligentes y activos digitales
La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Las reformas incluyen el reconocimiento de contratos inteligentes, el uso de blockchain y registros distribuidos, prendas sobre activos virtuales y sobre propiedad intelectual, y la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías. También se habilita la emisión digital de warrants, pagarés y letras, se flexibilizan las reglas de constitución de fideicomisos y se redefine gran parte de la Ley 26.831 del mercado de capitales, incorporando principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera.
El objetivo declarado
El objetivo declarado del anteproyecto es eliminar restricciones consideradas innecesarias, promover la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y reducir la intervención estatal en distintos mercados. De prosperar en el Congreso, implicaría una de las mayores reestructuraciones regulatorias de los últimos años.
