Cobraba 300 mil pesos por alquilar una vivienda social del IPV y el Gobierno se la quitó de forma definitiva
Una inspección de calle en el barrio UOM comprobó que la titular no residía en el inmueble y lo explotaba económicamente mediante un contrato irregular con un tercero. La resolución oficial dictó la caducidad inmediata de sus derechos y le impuso una
El Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano avanzó con una medida de estricto rigor frente a las irregularidades habitacionales en la ciudad y dispuso la desadjudicación de una propiedad social en Trelew. La decisión administrativa se formalizó tras comprobar que el inmueble había sido transformado en una fuente de negocios particulares en abierta violación al fin social para el que fue construido y entregado.
La medida quedó plasmada a través de la Resolución N° 403/2026 del organismo y apunta de manera directa contra la titular de una casa ubicada en el Barrio "44 Viviendas - UOM". El expediente administrativo determinó la pérdida absoluta de la tenencia sobre la unidad habitacional tras corroborar, mediante el despliegue del cuerpo de fiscalizadores, que el domicilio no cumplía con la obligación de residencia por parte de la beneficiaria.
Inspección de calle y un alquiler mensual de 300 mil pesos
El procedimiento que derivó en la caída de la adjudicación comenzó con un control territorial de rutina llevado a cabo por los agentes de fiscalización del IPV en el complejo urbano. Al presentarse en la vivienda N° 44 para verificar el cumplimiento de las normas de habitabilidad, los inspectores constataron en el lugar que la titular del beneficio no residía en la propiedad.
La investigación posterior dentro del expediente permitió comprobar la gravedad de la maniobra al descubrir que la mujer le había entregado el inmueble a un tercero bajo la modalidad de un subalquiler completamente indebido. El inquilino informal abonaba un canon mensual de 300 mil pesos para residir en una estructura construida con fondos públicos, un monto por el cual la adjudicataria lucraba de manera constante mientras desatendía el requisito estatutario de ocupar personalmente la vivienda.
Sanción administrativa e inhabilitación perpetua
Frente a la contundencia del informe labrado por los fiscalizadores y las pruebas acumuladas por las áreas legales, el gerente general del IPV, ingeniero Alejandro Asensio, resolvió dejar sin efecto de manera inmediata el instrumento de adjudicación original y declarar la caducidad de todos los derechos sobre el inmueble del Barrio UOM.
Más allá de la recuperación técnica de la casa para su futura reasignación a una familia del padrón de demanda, el escrito firmado por Asensio aplicó la máxima sanción disciplinaria prevista por la reglamentación vigente en materia habitacional. Los titulares infractores quedaron inhabilitados de por vida para acceder a nuevos programas de viviendas o solicitar líneas de créditos sociales financiadas por el Estado, un castigo severo que busca desalentar la especulación inmobiliaria con las propiedades públicas en el territorio provincial.
