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Política
Adnsur hace 15 horas 2 min de lectura

La Justicia le cerró la puerta a un intendente de Río Negro que intentó recuperar el cargo tras ser suspendido por fraude

La presidencia del Superior Tribunal de Justicia rionegrino rechazó la medida cautelar de Marcelo Román, apartado del Ejecutivo por presuntos delitos de corrupción. Pese a la negativa, los magistrados habilitaron la feria de invierno para acelerar la

La Justicia le cerró la puerta a un intendente de Río Negro que intentó recuperar el cargo tras ser suspendido por fraude
Foto: Adnsur

El laberinto político y judicial que atraviesa la ciudad de Allen sumó un nuevo capítulo en plena feria de invierno. La presidencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la medida cautelar presentada por Marcelo Román, el intendente que fue suspendido a principios de julio por el Concejo Deliberante en el marco de una causa penal que investiga presuntos hechos de peculado y administración fraudulenta.

La decisión del máximo tribunal mantiene a Román alejado del Ejecutivo municipal y ratifica de manera transitoria el interinato del presidente del cuerpo legislativo local, Fabián Figueroa. La ofensiva legal del mandatario suspendido buscaba frenar los efectos del artículo 109 de la Carta Orgánica y recuperar su despacho de forma inmediata, pero los magistrados optaron por un criterio restrictivo frente a las normas dictadas por los representantes del Estado.

El riesgo de anticipar la sentencia

El expediente recayó en la Secretaría de Causas Originarias y Constitucional número cuatro y el fallo fue contundente respecto a los límites de la medida de amparo solicitada. Los jueces argumentaron que el objeto de la cautelar choca y se superpone de forma directa con la cuestión de fondo que debe resolverse en el litigio principal.

Hacer lugar al pedido urgente de Román en esta instancia implicaría "adelantar la decisión final del pleito", según explicaron los magistrados al momento de fundamentar la negativa. La resolución se apoyó en la histórica jurisprudencia del cuerpo, la cual sostiene que siempre prima la presunción de legalidad sobre los actos del Estado cuando se cuestiona la validez de una norma. Para blindar esta postura, el texto citó los conocidos precedentes jurídicos de los casos "Colegio de Abogados", "Orticelli" y "Concejales".

La lupa sobre los errores del planteo

A pesar del duro revés inicial para el jefe comunal suspendido, el Superior Tribunal de Justicia reconoció la gravedad de la crisis que sacude a la localidad valletana. Por ese motivo, el tribunal hizo una excepción a la regla y resolvió habilitar la feria judicial para imprimirle la mayor celeridad posible al trámite y no dilatar los tiempos del proceso.

El próximo paso del expediente quedó en manos de la Procuración General, organismo que recibió una vista formal para expedirse sobre una aparente confusión en la presentación de la defensa. Román invocó en su escrito inicial y de manera conjunta "una acción de inconstitucionalidad y un conflicto de poderes". Ahora, el Ministerio Público deberá dictaminar sobre la verdadera naturaleza jurídica del planteo y definir si el máximo tribunal rionegrino tiene la competencia necesaria para destrabar el conflicto.

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