El Gobierno derogó ocho normas fitosanitarias del agro que tenían hasta 34 años
La Secretaría de Agricultura dejó sin efecto resoluciones de entre 1992 y 2013 vinculadas a importaciones y controles sanitarios, por considerarlas obsoletas.
Ordenamiento normativo o simple limpieza de escritorio: el Gobierno nacional derogó ocho resoluciones fitosanitarias del sector agropecuario, algunas con más de tres décadas de vigencia, y actualizó el marco regulatorio que rige importaciones, productos vegetales y controles sanitarios.
La medida fue dispuesta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que dejó sin efecto disposiciones dictadas entre 1992 y 2013. El argumento oficial es directo: esas normas quedaron obsoletas o fueron reemplazadas por procedimientos más actualizados que ya están en vigencia.
No es un dato menor para el sector. El entramado regulatorio agropecuario acumula décadas de resoluciones superpuestas, muchas veces contradictorias o directamente inaplicables por los cambios tecnológicos y los nuevos estándares internacionales de comercio. Que una norma de 1992 siguiera formalmente vigente en 2026 dice bastante sobre el ritmo al que suele moverse la burocracia sectorial.
La derogación abarca materias sensibles para el comercio exterior del agro: importaciones de productos vegetales, protocolos de control sanitario en frontera y requisitos fitosanitarios que hoy tienen canales propios de gestión. El objetivo declarado es simplificar el andamiaje legal y evitar que los operadores del sector se muevan en un laberinto de textos que ya no reflejan la realidad operativa.
Para los productores y exportadores entrerrianos, que dependen fuertemente de la cadena agroexportadora, cualquier simplificación en los trámites fitosanitarios tiene impacto directo en tiempos y costos. Entre Ríos es una provincia con peso propio en la producción de cítricos, arándanos, arroz y soja, rubros donde los controles sanitarios de importación y exportación son moneda corriente.
La actualización del marco regulatorio no implica desregulación total: los controles siguen existiendo, pero ahora bajo procedimientos más modernos que, según el Gobierno, dan mayor certeza jurídica al sector. El paso siguiente será verificar si esa promesa de simplificación se traduce en menos trabas reales o si solo cambia el nombre de los formularios.
