El Hospital Oñativia reclama $2.000 millones a obras sociales y advierte por el impacto en la atención
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Tras el anuncio del Hospital San Bernardo de restringir la atención programada a afiliados de algunas obras sociales por falta de pago, el Hospital Arturo Oñativia expuso una situación similar. Su gerente, Marcelo Nallar, confirmó que las obras sociales, el PAMI y otras prestadoras mantienen con el nosocomio una deuda que ya asciende a casi 2.000 millones de pesos.
Aunque aclaró que el hospital continuará atendiendo a todos los pacientes por su condición de centro público de alta complejidad, advirtió que la falta de pago pone en riesgo la calidad de las prestaciones y afecta directamente a los trabajadores.
Nallar explicó que los hospitales públicos de autogestión reciben un presupuesto pensado para atender a personas sin cobertura médica, pero terminan absorbiendo una gran cantidad de pacientes con obra social cuyos tratamientos luego no son abonados por las prestadoras.
"Es como preparar comida para 50 personas y que aparezcan 80. Los hospitales públicos no van a quebrar porque el Estado los sostiene, pero sí se afecta directamente la calidad de atención", graficó.
Entre los principales deudores mencionó a las obras sociales sindicales, el PAMI y, en menor medida, el IPS, aunque aclaró que con la obra social provincial existe un esquema permanente de negociación. Además, indicó que entidades como OSECAC y Boreal también registran importantes deudas con el hospital.
En el caso del PAMI, reveló que el Oñativia obtuvo recientemente un fallo judicial favorable para cobrar alrededor de 57 millones de pesos por prestaciones realizadas en 2019, tras un litigio que se extendió durante siete años.
A diferencia del Hospital San Bernardo, Nallar sostuvo que el Oñativia no puede restringir servicios debido a que concentra prestaciones de alta complejidad únicas en la provincia, como trasplantes y tratamientos hematológicos.
"Nosotros no podemos cortar los servicios. Somos un hospital público y hay especialidades que simplemente no pueden dejar de funcionar", afirmó.
No obstante, reconoció que existen demoras en algunas cirugías porque determinadas obras sociales tardan o rechazan las autorizaciones para adquirir los insumos necesarios.
Frente a este escenario, el gerente en Nuevo Diario consideró que la solución pasa por mejorar el recupero de los fondos adeudados y destacó la reciente reglamentación de una ley provincial que permitirá certificar las deudas y agilizar su cobro.
Además, alertó que el incumplimiento de las prestadoras también repercute en los ingresos del personal, ya que el 50% de lo recaudado por prestaciones a obras sociales se destina al pago del adicional por productividad, que representa entre el 11% y el 20% del salario de muchos trabajadores.
"Cuando las obras sociales no pagan no solo perjudican al hospital, también les están metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores", concluyó.
