La UCR rechazó los cambios a la Ley de Tierras y crece la incertidumbre en el Senado
La UCR rechazó la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno. El Senado postergó el debate y el proyecto volverá a discutirse en agosto.
La UCR rechazó los cambios a la Ley de Tierras y crece la incertidumbre en el Senado
La Ley de Tierras quedó en el centro del debate político, luego que la UCR cuestionara el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros. La iniciativa fue postergada en el Senado por falta de acuerdos y volvería a discutirse en agosto.
19 de Julio de 2026
La Ley de Tierras quedó en el centro del debate político, luego que la UCR cuestionara el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para flexibilizar la compra de campos por parte de extranjeros. La iniciativa fue postergada en el Senado por falta de acuerdos y volvería a discutirse en agosto.
La Ley de Tierras quedó nuevamente en el foco de la discusión política tras el fuerte rechazo expresado por la Unión Cívica Radical (UCR) a la reforma impulsada por el Gobierno nacional. Mientras el oficialismo buscaba avanzar con la iniciativa dentro del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la falta de consensos en el Senado obligó a postergar su tratamiento, que ahora quedó previsto para el próximo 6 de agosto, una vez finalizado el receso legislativo.
A través de un comunicado difundido el mismo día en que se suspendió el debate parlamentario, el Comité Nacional de la UCR cuestionó con dureza la propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo. El partido sostuvo que la eliminación de los límites actuales para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros representa un riesgo para la soberanía nacional, el control de las fronteras y la protección de los recursos estratégicos del país.
La postura partidaria se conoció en un momento de especial sensibilidad política, ya que el radicalismo cuenta con diez senadores nacionales cuyos votos pueden resultar determinantes para el futuro del proyecto. Sin embargo, la posición institucional no refleja necesariamente el comportamiento que tendrá el bloque en el recinto, donde existen diferencias entre legisladores vinculados a gobernadores radicales que mantienen una relación más cercana con el Gobierno.
Un debate con divisiones dentro del radicalismo
Hasta el momento, solamente los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron públicamente su rechazo a la iniciativa oficial. El resto de los integrantes del bloque no fijó una postura definitiva y algunos dejaron trascender que aún analizan el alcance de las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.
La conducción nacional de la UCR, encabezada por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, advirtió que el Estado debe promover la producción, la innovación y las inversiones privadas, aunque aclaró que ese objetivo no puede alcanzarse a costa de comprometer el control sobre recursos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.
En ese sentido, el partido recordó que fue uno de los principales impulsores de la legislación vigente y reivindicó los límites establecidos para la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos y empresas extranjeras. Según señalaron, esas restricciones fueron concebidas para equilibrar la llegada de inversiones con la preservación de la soberanía territorial.
Qué establece la legislación vigente
La actual Ley de Tierras fija un límite máximo del 15% de la superficie rural nacional en manos extranjeras. Además, determina que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y establece que un mismo titular extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la denominada zona núcleo productiva.
La normativa también impide que ciudadanos extranjeros adquieran inmuebles rurales ubicados sobre fronteras o que contengan o limiten con lagos, ríos u otros recursos hídricos considerados estratégicos para el país.
Desde la UCR sostuvieron que estas disposiciones continúan siendo necesarias y advirtieron que el proyecto promovido por el Gobierno modificaría sustancialmente ese esquema.
Entre los cambios previstos figura la posibilidad de que cada provincia establezca sus propios criterios para regular la compra de tierras, lo que, según el radicalismo, podría generar una fuerte desregulación y una pérdida de uniformidad en la política nacional sobre la materia.
Preocupación por la soberanía y los recursos naturales
En su documento, la UCR remarcó que actualmente existen alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, equivalentes aproximadamente al 5% del territorio argentino. Asimismo, aseguró que más de treinta zonas ya habrían superado los límites previstos por la legislación vigente.
Por ese motivo, el partido consideró que el desafío no consiste en flexibilizar las restricciones, sino en garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa existente. "Defender nuestra soberanía implica hacer cumplir la legislación vigente", enfatizó el comunicado.
Los dirigentes radicales también manifestaron preocupación por otro aspecto incorporado en el proyecto oficial: las modificaciones propuestas a la Ley N.º 26.815 de Manejo del Fuego. Según señalaron, la iniciativa busca eliminar las restricciones para modificar el uso del suelo durante períodos de hasta sesenta años luego de registrarse incendios, una decisión que, advirtieron, podría tener consecuencias ambientales de largo plazo.
Como parte de sus argumentos, el radicalismo citó ejemplos de países como Estados Unidos, Canadá y Francia, donde existen regulaciones estrictas para controlar la adquisición de tierras por parte de extranjeros y proteger áreas consideradas estratégicas para el interés nacional.
Un proyecto que acumula postergaciones
El proyecto de ley fue elaborado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, e ingresó formalmente al Senado el 27 de marzo. Tras obtener dictamen el 20 de mayo, el oficialismo intentó llevarlo al recinto en varias oportunidades, aunque hasta el momento no consiguió reunir los acuerdos políticos necesarios.
La primera frustración ocurrió el 4 de junio, cuando la iniciativa figuraba en el temario de la sesión que aprobó el pliego judicial de Verónica Michelli. En aquella oportunidad, La Libertad Avanza decidió retirarla antes de su tratamiento al advertir que no contaba con el respaldo suficiente.
Posteriormente, el proyecto volvió a quedar relegado en la sesión prevista para el 18 de junio, que finalmente no pudo realizarse por la falta de condiciones políticas para habilitar el debate. Días después, el 25 de junio, una nueva convocatoria tampoco prosperó debido a la ausencia de quórum.
La cuarta postergación se produjo este jueves, cuando la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó diferir el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hasta la sesión programada para el 6 de agosto. De esta manera, el debate sobre la reforma de la Ley de Tierras quedó nuevamente en suspenso, mientras el oficialismo busca reunir los apoyos necesarios y la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre una iniciativa que promete seguir generando fuertes discusiones en el Congreso.
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