Zdero oficializó la ley que regula el uso de celulares en las escuelas y comienza el proceso de adaptación - TN24
El Gobierno del Chaco promulgó la ley que regula el uso de celulares, dispositivos digitales e inteligencia artificial en las escuelas, por lo que ahora
El Gobierno del Chaco promulgó la ley que regula el uso de celulares, dispositivos digitales e inteligencia artificial en las escuelas, por lo que ahora comenzará la etapa de reglamentación e implementación dentro del sistema educativo provincial.
La novedad fue formalizada mediante el Decreto 1650/2026, firmado el 16 de julio por el gobernador Leandro Zdero y el secretario general de la Gobernación, Julio César Ferro. El instrumento promulgó la sanción legislativa 4242-E, aprobada previamente por la Cámara de Diputados.
Con este paso, la norma quedó incorporada al ordenamiento provincial y el Ministerio de Educación deberá avanzar con la elaboración de las pautas concretas que regirán en los establecimientos de gestión pública y privada.
No es una prohibición absoluta
La ley establece como principio general que los teléfonos y dispositivos tecnológicos solo podrán utilizarse con fines pedagógicos, institucionales o de accesibilidad, según el nivel educativo y las autorizaciones correspondientes.
En el nivel inicial, el uso por parte de los estudiantes quedará restringido durante toda la jornada escolar. Solo podrá habilitarse para actividades pedagógicas específicas, organizadas por la institución y supervisadas por docentes.
Para el nivel primario, también se limita el uso habitual durante el horario escolar. Los dispositivos podrán emplearse en actividades previamente planificadas y bajo supervisión del docente.
En el primer ciclo, que comprende de primero a tercer grado, deberán priorizarse la atención, la interacción social directa y los espacios libres de pantallas.
Qué ocurrirá en las escuelas secundarias
En el nivel secundario, los alumnos no podrán utilizar celulares durante el desarrollo de las clases, excepto cuando exista una autorización expresa del docente o del personal directivo. Las excepciones deberán responder a objetivos pedagógicos, institucionales o de accesibilidad.
Fuera del horario de clase, pero dentro de la institución, cada establecimiento podrá determinar cómo se utilizarán los dispositivos, de acuerdo con las pautas que establezca la autoridad educativa.
Educación deberá elaborar un protocolo provincial
La reglamentación tendrá un rol central para determinar cómo se aplicará la ley en la práctica.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología fue designado como autoridad de aplicación y deberá elaborar un Protocolo Marco de Convivencia Digital y Uso de Dispositivos Tecnológicos.
Ese documento deberá fijar criterios diferenciados para cada nivel educativo y establecer, entre otros puntos: formas de resguardo y guarda segura de los celulares, estrategias para prevenir el uso problemático de pantallas, pautas para abordar el ciberacoso, la violencia digital y la desinformación, reglas para el uso educativo de la inteligencia artificial, medidas ante incumplimientos y mecanismos de participación de docentes, estudiantes y familias.
La cartera educativa también deberá impulsar capacitaciones para los docentes y campañas de concientización destinadas a toda la comunidad.
Las escuelas tendrán seis meses para adecuarse
Una vez vigente la norma, las instituciones educativas dispondrán de un plazo máximo de seis meses para adaptar sus reglamentos internos y acuerdos escolares de convivencia.
Las pautas deberán elaborarse mediante procesos participativos que involucren a equipos directivos, docentes, estudiantes y familias.
La ley busca que las restricciones no sean aplicadas como una medida aislada, sino dentro de una política más amplia de convivencia digital, prevención de riesgos y utilización responsable de las tecnologías.
La etapa clave que comienza ahora
Con la promulgación ya concretada, la atención se traslada a la reglamentación y al protocolo que deberá presentar el Ministerio de Educación.
Esos instrumentos determinarán cuestiones prácticas como dónde deberán guardarse los teléfonos durante las clases, en qué circunstancias podrán utilizarse y qué medidas adoptarán las escuelas ante los incumplimientos.
Hasta que se conozcan esas disposiciones, la ley fija los principios generales, pero resta precisar cómo serán aplicados en las aulas chaqueñas.
