Entre Ríos reanuda la Justicia con Urribarri en la mira - Informe Digital
La Corte puede definir si vuelven a prisión y se activan causas clave por coimas, patrimonio y Securitas.
Este lunes 20 de julio vuelve la actividad ordinaria en los tribunales entrerrianos y arranca un semestre que puede mover varias de las causas de corrupción más sensibles de la provincia. En el centro de la escena está Sergio Urribarri: la Corte Suprema debe resolver si quedan firmes sus condenas del Megajuicio y, además, hay expedientes por coimas, enriquecimiento ilícito y el caso Securitas que pueden avanzar en las próximas semanas.
La feria de invierno, que se extendió del 6 al 17 de julio, dejó en pausa un calendario cargado. Ahora empiezan a destrabarse definiciones que pueden tener impacto judicial y político inmediato, con Urribarri como principal eje, pero también con Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera, los hermanos Tórtul, exfuncionarios de ENERSA y otros nombres de peso en la agenda.
La Corte y el Megajuicio
El frente más sensible se juega en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene a estudio el recurso de queja vinculado a las condenas del Megajuicio. En abril de 2022, Urribarri fue sentenciado a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el uso de fondos estatales en su campaña presidencial. En la misma causa, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera recibieron penas de seis años y seis meses.
La Cámara de Casación ratificó esas condenas en 2023 y, en abril de 2024, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja de las defensas. Pero en octubre de ese año el propio STJ habilitó la vía extraordinaria hacia la Corte, en una decisión que permitió que las sentencias no quedaran firmes y que los condenados recuperaran la libertad. Urribarri y Aguilera estuvieron 50 días con prisión preventiva hasta que fueron liberados en enero de 2025; Báez sigue el proceso con prisión domiciliaria en su casa quinta de calle Jozami, en Paraná.
Desde octubre de 2025 el expediente se mueve en la Corte y todo indica que ya votaron los tres ministros. Si el máximo tribunal rechaza la queja y convalida lo resuelto en las instancias anteriores, los tres condenados deberán volver a la cárcel de Paraná.
Coimas: el expediente más avanzado hacia juicio
El otro expediente que puede tomar impulso es la causa Coimas, abierta a partir de una denuncia de ANÁLISIS en 2017. La investigación sostiene que Urribarri favoreció de manera sistemática a Relevamientos Catastrales S.A. (RELCAT), presidida por el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, en contrataciones de software para la administración pública provincial. El Ministerio Público Fiscal pidió para el exgobernador una pena de diez años de prisión.
Tras audiencias de remisión desarrolladas entre marzo de 2024 y marzo de 2025, el juez de Garantías Julián Vergara elevó el legajo a juicio oral. En el banquillo estarán Urribarri, Cardona Herreros y el exdirector de Informática Carlos Marcelo Haidar. Otros exfuncionarios cerraron acuerdos abreviados, entre ellos Luis Alfonso Erbes, José Humberto Flores, Guillermo Smaldone y Miguel Ángel Ulrich, con reconocimientos de responsabilidad que describen el funcionamiento del esquema investigado.
El 8 de mayo de 2026, la Sala Penal Nº 1 del Superior Tribunal de Justicia rechazó por mayoría los recursos de queja de las defensas y dejó expedito el camino hacia el debate oral. La fijación de fecha por parte de la Oficina de Gestión de Audiencias es una de las definiciones que puede destrabarse con el regreso de la actividad judicial.
Patrimonio bajo la lupa
El tercer frente es la causa por enriquecimiento ilícito, la más antigua contra Urribarri. Nació de una denuncia presentada en 2015 por los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, luego de una publicación de la revista ANÁLISIS. Según la pericia contable del Ministerio Público Fiscal, entre 2008 y 2015 el exgobernador incrementó su patrimonio en 1.546.772 pesos, 7.245.441 dólares y 16.300 euros sin poder justificarlo.
En ese expediente también aparece Cardona Herreros como presunto testaferro. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano pidieron cinco años y seis meses de prisión para Urribarri y cinco años de cumplimiento efectivo para el empresario. Las audiencias de remisión a juicio se desarrollaron entre marzo y abril de este año ante el juez Mariano Budasoff, quien rechazó los pedidos de sobreseimiento pero concedió con efecto suspensivo la apelación sobre exclusiones probatorias. Hasta que esa revisión no se resuelva, la causa sigue paralizada.
Báez también espera definición
Pedro Báez, además de aguardar la decisión de la Corte por el Megajuicio, enfrenta su propia causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente se abrió en 2016 y, según el informe contable de la pesquisa, el exministro habría incrementado su patrimonio en 4.179.885 pesos históricos, equivalentes a 632.053 dólares.
Entre los bienes mencionados figuran una casa quinta en Toma Vieja, una casona en calle Cervantes, un yate modelo Mamba 25 y la firma Innova Turismo. La Fiscalía también sostiene que hay elementos para considerar probable la intervención del empresario Germán Buffa como presunto testaferro. En abril de 2025, los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano pidieron la elevación a juicio y solicitaron penas de cinco años de prisión para Báez y de tres años y medio para su exesposa, Sofía Riquelme.
ATER abre el semestre oral
Mientras tanto, el 3 de agosto de 2026 comenzará el juicio oral de la causa ATER, según dispuso la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial. El expediente se originó en denuncias de 2014 presentadas por Marcelo Casaretto, exdirector Ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos, y fue elevado a juicio en 2021. Será el primer debate oral de una causa de corrupción administrativa en este semestre.
También siguen sin fecha otros expedientes elevados a juicio, como el que involucra al exdiputado provincial y titular de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, y las causas por corrupción que alcanzan al intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.
Securitas puede volver a sacudir el tablero
En paralelo, la causa Securitas mantiene abierto un frente federal que puede reactivarse en cualquier momento y que apunta al corazón de la gestión de Gustavo Bordet. El expediente tramita en el Juzgado Federal de San Isidro, bajo la instrucción de la jueza Sandra Arroyo Salgado y con impulso del fiscal Fernando Domínguez.
La investigación nació de una auditoría interna de la filial argentina de la multinacional sueca, que detectó pagos de coimas a funcionarios públicos desde al menos 2013. En la autodenuncia posterior, la empresa admitió sobornos a representantes de AySA, el Renaper, el Senasa, la Anmac y ENERSA, la distribuidora estatal entrerriana que quedó en el centro del capítulo provincial.
En mayo de 2024, Arroyo Salgado procesó a los empresarios paranaenses Claudio y Marcelo Tórtul y a los gerentes de ENERSA Marcelo Morales, Juan Carlos Pimentel y Alejandro Cis. Un año después, Casación ratificó su competencia sobre el tramo entrerriano. El peritaje central reúne 25.557 páginas de chats de WhatsApp y menciona a Bordet en 98 ocasiones, con referencias a supuestos pagos ilegales que también alcanzan al exvicegobernador Adán Bahl.
A comienzos de julio, a pedido del fiscal Domínguez, ENERSA envió al juzgado documentación interna, listas de nombres y poderes. De ese material surge que entre 2022 y 2024 la distribuidora pagó más de 1.300 millones de pesos por encima de lo que correspondía por el servicio de seguridad. En paralelo, el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos mantiene abierta una investigación sobre el patrimonio declarado por Bordet, todavía sin imputación formal.
Con la feria terminada, la Justicia entrerriana entra en una etapa decisiva. Lo que se resuelva en las próximas semanas puede reordenar el mapa judicial y político de la provincia.
