A 32 años del atentado a la AMIA: Clamor a la Justicia para que habilite el juicio en ausencia a los acusados iraníes
A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje realizado este viernes estuvo atravesado por fuertes críticas al Poder Judicial y un reclamo urgente para que se habilite el juicio en ausencia contra los acusados iraníes y miembros de He
A 32 años del atentado a la AMIA, el acto central de homenaje realizado este viernes estuvo atravesado por fuertes críticas al Poder Judicial y un reclamo urgente para que se habilite el juicio en ausencia contra los acusados iraníes y miembros de Hezbollah.
El juicio en ausencia está previsto en la Ley 27.784, que permitiría sentar en el banquillo a 10 ciudadanos iraníes y miembros de Hezbollah acusados del ataque, aun sin su presencia en el país. Esa norma, sin embargo, fue impugnada por el Ministerio Público de la Defensa.
Los acusados son Alí Fallhijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Sobre todos ellos pesan circulares rojas de Interpol y se enviaron reiterados exhortos diplomáticos que nunca tuvieron respuesta.
Entre los acusados, Akbar Velayati era ministro de Relaciones Exteriores de Irán al momento del atentado; Mohsen Rezai estaba a cargo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (Pasdaran); Vahidi tenía entonces bajo su mando la fuerza de elite Al Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria; Rabbani era el consejero cultural de la embajada iraní en Argentina; Reza Asghari era tercer secretario de la representación diplomática iraní en el país; y Soleimanpour ejercía como embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires.
La Cámara Federal de Casación fijó audiencia para el próximo 10 de septiembre con el objetivo de escuchar a las partes antes de resolver. La última novedad se conoció en febrero pasado, cuando el defensor oficial ante esa instancia, Enrique María Comellas, mantuvo el recurso de inconstitucionalidad contra la ley.
Comellas argumentó que la norma vulnera garantías porque impediría a los acusados solicitar un nuevo juicio si en el futuro decidieran presentarse o fueran detenidos. Además, sostuvo que la implementación del juicio en ausencia podría afectar la investigación y limitar la exploración de otras hipótesis no suficientemente analizadas.
Un debate abierto desde 2025
El tema está en debate desde mediados de 2025. El 26 de junio del año pasado, el juez federal Daniel Rafecas aceptó los pedidos de familiares y de la fiscalía y ordenó el juicio en ausencia contra los diez acusados. Pero el defensor oficial Hernán Silva apeló.
La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre y, a partir de allí, se presentó el recurso que desde entonces está en Casación. La definición quedó en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques.
En paralelo, la Cámara Federal facultó al juez Rafecas para avanzar con los pasos necesarios para concretar la elevación del caso a juicio, pese a la falta de resolución en el máximo tribunal penal federal del país.
El magistrado ya había conformado un equipo especial en el juzgado federal 6, que tiene el caso y que subroga este año porque está vacante desde la jubilación de su titular, Rodolfo Canicoba Corral, en julio de 2020. Desde entonces no tiene magistrado titular y tuvo sucesivos cambios de jueces suplentes en los últimos años.
Se trata de uno de los cuatro juzgados de primera instancia, de un total de doce, con titularidad vacante desde hace años en Comodoro Py 2002. La falta de jueces permanentes fue otro de los puntos reclamados en el acto del viernes.
Traslado y digitalización de los archivos
Respecto de los archivos y la documentación vinculada al atentado, a los que también se aludió en el acto, el último informe semestral del Área de Análisis de la UFI AMIA elaborado para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por una demanda de la agrupación de familiares de víctimas Memoria Activa detalla que gran parte del acervo documental fue trasladado del Palacio Barolo al edificio 23 del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
El proceso incluyó la numeración, embalaje, acondicionamiento y custodia de los documentos, con controles de seguridad y participación de la Escribanía General de Gobierno, la Policía Federal y Bomberos.
Uno de los principales desafíos fue la presencia de altas concentraciones de asbesto en sectores del subsuelo del Palacio Barolo, donde por décadas se guardó la documentación de inteligencia. Esa situación obligó a realizar procedimientos de descontaminación.
Tras la intervención, se realizaron muestreos enviados a laboratorios para certificar la ausencia de contaminantes, aunque aún resta testear unas 451 cajas potencialmente afectadas por exposición a asbesto degradado.
El informe advierte que, si bien la mayoría de los documentos críticos ya fue mudado, parte del material contaminado o pendiente de acondicionamiento sigue en el Palacio Barolo y su traslado definitivo depende de los resultados de los análisis ambientales.
Según el relevamiento, ya se trasladaron al edificio de la ex ESMA los documentos de inteligencia desclasificados de la ex SIDE sobre las bases Salta y EEUU y gran parte del Fondo Dirección de Terrorismo.
A la fecha, se inventariaron un total de 475 cajas: 17 de ellas contienen documentación en formato papel y 458 contienen documentación en soporte magnético (54.272 casetes), consignó el informe elaborado en junio último.
El equipo mantuvo el inventariado y la sistematización de los documentos, con avances en la digitalización de más de 12.000 fojas y la organización de miles de casetes, VHS y archivos audiovisuales.
En paralelo, la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, reiteró pedidos a la AFI, ex Secretaría de Inteligencia (SIDE), para acceder a bases de datos y registros históricos.
Documentos desclasificados y nuevas líneas de análisis
En el primer semestre de este año se entregaron además dos informes elaborados en base a documentos desclasificados de la ex Secretaría de Inteligencia.
Uno de ellos se centró en el llamado Caso Trío y reconstruyó y sistematizó la información obrante en la documentación desclasificada relativa a la operación desarrollada por la SIDE entre 1994 y 1998 en torno a tres ciudadanos iraníes vinculados a la empresa IMANCO S.A..
También se abordó el rol del denominado Testigo A y las vinculaciones establecidas entre este testigo, agentes de inteligencia y funcionarios judiciales. El informe dio cuenta de referencias sobre un supuesto pago a este testigo y de las diferencias entre distintas áreas de la ex SIDE respecto de su credibilidad.
El segundo informe analizó las agendas de Carlos Telleldín, considerado por la Justicia el último poseedor de la camioneta Trafic usada como coche bomba en el atentado. Allí se puso énfasis en un número de teléfono de un integrante del círculo íntimo del acusado Rabbani.
Según se indicó, hubo averiguaciones sobre ese dato, pero nada habría sido informado al juzgado en ese momento, advierte el informe publicado en Fiscales.gob.ar y firmado por Pablo Ouviña, a cargo del Área de Análisis de la documentación desclasificada en sucesivos decretos presidenciales.
La situación judicial de Telleldín
Telleldín fue absuelto dos veces en sucesivos juicios orales por el atentado y ahora su situación está bajo revisión en la Corte Suprema, otro de los reclamos que se escucharon en el acto por el 32° aniversario.
El actual abogado del ex reducidor de autos intenta frenar el decomiso sobre sus bienes, ordenado para que devuelva al Estado los USD 400.000 que cobró de manera ilegal en 1996 a cambio de involucrar a un grupo de policías bonaerenses como parte de la conexión local.
Esos efectivos pasaron casi una década presos y fueron absueltos en un primer debate oral, cuando salió a la luz que Telleldín había cobrado antes de involucrarlos.
