Avanza la investigación contra Adorni: un informe detectó inconsistencias en su patrimonio
El informe, elaborado por la DAFI, no establece un desbalance patrimonial, pero señala "inconsistencias" que ahora serán evaluadas por el fiscal Gerardo Polli
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) presentó ante la Justicia un informe técnico sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y de su pareja, Bettina Angeletti, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. Según medios nacionales, el estudio detectó "inconsistencias" y la fiscalía analiza ahora la posibilidad de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial.
El informe tiene carácter técnico y no determina una cifra específica sobre un eventual desbalance patrimonial. No obstante, expone una serie de inconsistencias que deberán ser evaluadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien definirá los próximos pasos de la investigación.
La realización del estudio había sido solicitada por Pollicita con el fin de reconstruir de manera integral la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. El propósito era reunir elementos que permitieran establecer si existía un desbalance que justificara un pedido de explicaciones antes de avanzar con un eventual requerimiento de justificación patrimonial.
Con el informe ya incorporado al expediente, será la fiscalía la que deberá analizar qué aspectos concretos requieren aclaraciones y de qué manera se formulará un eventual pedido de explicaciones sobre la evolución patrimonial.
Para la reconstrucción patrimonial, el fiscal solicitó un análisis individual de Adorni y Angeletti, además de otro consolidado del grupo familiar. Entre los puntos incluidos, la DAFI debía determinar la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada período investigado.
Asimismo, el organismo debía identificar los ingresos y las fuentes de fondos con respaldo documental, diferenciándolos de transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros.
Uno de los ejes centrales del trabajo consistía en reconstruir el flujo de ingresos y egresos de dinero y relacionarlo con la compra de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o en moneda extranjera y la cancelación de pasivos. Con el objetivo de evitar duplicaciones, Pollicita también había solicitado depurar aquellas operaciones que no representaran nuevas fuentes o aplicaciones de fondos, como las transferencias internas o las conversiones de moneda.
El informe debía además cotejar las distintas declaraciones juradas patrimoniales y las eventuales rectificaciones realizadas. En ese análisis se buscó detectar modificaciones en la composición y valuación de activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución del patrimonio.
Otro de los aspectos examinados fue la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales, diferenciando depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias. Esa información también debía contrastarse con las declaraciones juradas patrimoniales y con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la causa.
El análisis de las criptomonedas figura entre los puntos más sensibles de la investigación por los supuestos US$200.000 que Adorni aseguró haber invertido en Bitcoin. Según medios nacionales, la elaboración del informe técnico sufrió demoras debido a la incorporación de nuevos estudios relacionados con ese aspecto.
La investigación también incluye la revisión del costo, la fecha de adquisición, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, además de las erogaciones y obligaciones declaradas. En los casos de préstamos, mutuos u otras formas de financiamiento, el fiscal solicitó analizar la capacidad económica involucrada y detectar posibles diferencias entre los instrumentos, las declaraciones juradas, las escrituras, los registros y la documentación respaldatoria.
Como parte final del estudio, la DAFI debía elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual como consolidada para el grupo familiar. El objetivo era comparar los ingresos lícitos y las disponibilidades iniciales acreditadas con la incorporación de bienes, los gastos, los consumos y la cancelación de pasivos.
A partir de ese cruce, el informe debía permitir identificar partidas u operaciones que no guardaran relación con los ingresos y las disponibilidades acreditadas, que presentaran documentación incompleta, que hubieran cambiado de explicación entre distintas declaraciones o que no pudieran ser conciliadas.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito es una de las investigaciones judiciales que involucran a Adorni y permanece en etapa de instrucción. En paralelo, también avanza otro expediente vinculado con el viaje a Punta del Este que realizó durante el feriado de Carnaval en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. En esa investigación se busca determinar quién afrontó los costos del traslado y analizar el vínculo entre Adorni y el empresario, además de los contratos que este último habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales.
