Celulares en las aulas: 11 jurisdicciones regulan su uso ante un impacto ambiguo en el aprendizaje
Un informe de "Argentinos por la Educación" reveló que el 59% de los alumnos de tercer grado tiene celular propio. Mientras 11 jurisdicciones avanzan
Un nuevo informe de la ONG Argentinos por la Educación, titulado Celulares: ¿prohibir o no prohibir?, reveló que el 59% de los alumnos argentinos de tercer grado de primaria ya cuenta con un teléfono móvil propio. El estudio, elaborado por Andrea Goldin, Martín Nistal y Tomás Besada a partir de los datos del operativo Aprender 2024, enciende el debate sobre las restricciones de estos dispositivos en los colegios, una tendencia que ya alcanza a 11 jurisdicciones del país.
A nivel nacional, el acceso a la tecnología a temprana edad es masivo: solo el 18% de los estudiantes de 8 años no interactúa con un celular, mientras que un 23% utiliza el de un familiar. En provincias como Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los chicos de tercer grado tiene un dispositivo personal, cifra que desciende al 40% en Misiones y Formosa. La brecha socioeconómica también influye, registrando un 63% de tenencia en el quintil más alto frente al 52% en el más bajo. En la escuela secundaria, el escenario es casi absoluto, alcanzando al 90% de los alumnos.
La creciente preocupación por la atención y el bienestar estudiantil aceleró la adopción de políticas restrictivas. De acuerdo con la evidencia internacional analizada, la mayoría de las investigaciones coincide en que las limitaciones severas logran reducir drásticamente el uso del celular y las distracciones dentro del aula. Sin embargo, los resultados sobre una mejora real en el rendimiento académico siguen siendo ambiguos y moderados, mostrando mayores beneficios únicamente en los sectores más vulnerables o de bajo desempeño previo.
En otros aspectos, como la convivencia escolar y el acoso, el panorama global es igualmente dispar. Mientras algunos entornos reflejan una baja en los casos de bullying, otros no evidencian cambios significativos en el clima escolar. A nivel mundial, la tendencia regulatoria avanza de manera acelerada: según datos de la UNESCO, la proporción de países con restricciones formales pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026, implementando desde prohibiciones totales hasta usos exclusivamente pedagógicos.
Al no existir una normativa nacional unificada, las provincias avanzaron con criterios dispares que hoy cubren al 45% del territorio nacional. Por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa establecieron limitaciones amplias enfocadas estrictamente en los niveles inicial y primario. En contraste, la provincia de Buenos Aires optó por restringir el uso de los dispositivos únicamente en el nivel secundario, mientras que Mendoza autoriza el empleo de los teléfonos celulares solo cuando tengan fines pedagógicos y se utilicen bajo la supervisión directa del docente.
Por su parte, jurisdicciones como Salta y Tucumán permitieron normativas mucho más flexibles que habilitan adaptaciones según el contexto y las necesidades de cada institución. Mientras tanto, el 55% restante de las provincias argentinas aún no cuenta con marcos regulatorios definidos, manteniendo el desafío abierto entre la integración de las herramientas digitales y el resguardo de la atención en clase.
