Denuncian por presunto lavado de dinero a la fundación de Agustín Laje y apuntan al asesor presidencial Santiago Caputo
Una fuerte polémica sacude el arco político y judicial tras la presentación de una denuncia que pone bajo la lupa las finanzas de la fundación ligada al politólogo y referente libertario Agustín Laje, así como el rol del asesor presidencial Santiago
Una fuerte polémica sacude el arco político y judicial tras la presentación de una denuncia que pone bajo la lupa las finanzas de la fundación ligada al politólogo y referente libertario Agustín Laje, así como el rol del asesor presidencial Santiago Caputo. La acusación gira en torno a un crecimiento patrimonial exponencial y supuestas maniobras de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias, lo que motorizó una presentación formal ante los tribunales.
POR AF PARA CONFIRMADO
De acuerdo con los datos que trascendieron, la fundación conocida como “El Faro” habría iniciado el ejercicio del año 2024 con un patrimonio declarado de doce millones de pesos. Sin embargo, al cierre de ese mismo período de doce meses, la cifra reportada habría escalado de manera sorprendente hasta alcanzar los cuatro mil trescientos noventa y cuatro millones de pesos. Este incremento representaría un salto porcentual cercano al treinta y seis mil por ciento en apenas un año, una evolución financiera que despertó las alarmas de diversos sectores de la sociedad civil.
Interrogantes sobre el origen de los fondos y el rol de la IGJ
Frente a la magnitud de los montos manejados, los primeros cuestionamientos se concentraron en determinar la procedencia legítima del dinero. Versiones ligadas al caso indican que la entidad habría justificado ingresos por unos cinco mil millones de pesos en concepto de donaciones, cursos y talleres dictados. A pesar de esto, la identidad de los principales aportantes de la organización permanecería blindada bajo el amparo de la Ley de Lavado de Activos. Ante este escenario de opacidad, la Inspección General de Justicia habría intimado a las autoridades de la fundación a exhibir la nómina completa de los contribuyentes, una documentación que supuestamente terminó siendo entregada en un sobre cerrado bajo condiciones de estricto secreto.
Inversión millonaria en pauta digital
El entramado bajo investigación también alcanzaría a la marca “Ratio Oficial”, una firma que estaría estrechamente vinculada al funcionamiento operativo de “El Faro”. Según los reportes que fundamentan la sospecha, esta marca habría destinado una suma estimada en mil doscientos treinta y ocho millones de pesos para la difusión de publicidad estrictamente política en plataformas digitales, específicamente en Facebook e Instagram. Las colocaciones de esta millonaria pauta publicitaria se habrían desarrollado de forma sostenida entre marzo del año 2025 y junio de 2026, lo que configuraría un despliegue comunicacional de gran envergadura financiado con recursos cuyo origen de fondo es considerado desconocido por los denunciantes.
La presentación judicial contra el entorno oficial
La ofensiva en los tribunales fue impulsada de manera formal por la Liga de la Justicia Social, organización que solicitó la apertura inmediata de una investigación penal para determinar la existencia de delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. El escrito no solo apunta contra la estructura civil comandada por el gurú libertario, sino que coloca en el centro de la escena al asesor con mayor peso dentro del esquema del Poder Ejecutivo actual, Santiago Caputo. La justicia deberá ahora evaluar los elementos presentados para definir el rumbo de una causa que promete generar fuertes repercusiones institucionales en el corto plazo.
