El juez federal Leopoldo Rago Gallo obtuvo el aval del Senado para continuar en su cargo
El Senado aprobó 29 pliegos judiciales y entre ellos avaló la permanencia del magistrado sanjuanino Leopoldo Rago Gallo por otros cinco años. El juez federal había solicitado continuar en funciones tras alcanzar la edad límite establecida por la Cons
El juez había expresado semanas atrás su intención de seguir trabajando y había señalado que la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal mantiene activa la tarea judicial y exige una actualización permanente.
Según había explicado, su pedido no implicaba forzar ninguna norma, sino ejercer el derecho que contempla la Constitución para solicitar una extensión del mandato. También había remarcado que, tras más de tres décadas como magistrado, continuaba ejerciendo su función con tranquilidad.
Leopoldo Rago Gallo asumió como titular del Juzgado Federal N°2 de San Juan el 25 de febrero de 1993 y desde entonces estuvo al frente de algunas de las causas judiciales más relevantes de la provincia.
Por ese tribunal pasaron investigaciones vinculadas al narcotráfico, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, la desaparición de Raúl Tellechea y el secuestro extorsivo de María del Carmen López, entre otros expedientes de alto impacto.
Además, intervino en la causa relacionada con la escombrera de la minera chilena Los Pelambres en Calingasta, donde la Justicia ordenó el retiro de millones de toneladas de roca depositadas en territorio cordillerano.
El Juzgado Federal N°2 también tiene competencia en materia administrativa, tributaria y de ejecuciones fiscales, con intervención en conflictos entre particulares, empresas y organismos nacionales como PAMI, ANSES y ARCA.
El pedido de Rago Gallo se amparó en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces que alcanzan los 75 años pueden continuar por un período adicional de cinco años si cuentan con la aprobación del Senado por una mayoría especial.
El magistrado fue designado bajo el sistema anterior a la reforma constitucional de 1994, cuando los jueces eran propuestos por el Presidente y requerían el acuerdo del Senado. Actualmente, las designaciones incluyen concursos de antecedentes y oposición a través del Consejo de la Magistratura.
