Morandi: 12 años al exjefe de autopistas por 43 muertes - Informe Digital
El tribunal de Génova condenó a 32 exdirectivos y funcionarios y sostuvo que el derrumbe pudo evitarse con mantenimiento.
Casi ocho años después del derrumbe del puente Morandi en Génova, la justicia italiana dictó su primer fallo y apuntó al corazón de la tragedia: el mantenimiento que no se hizo. El tribunal condenó a 12 años de prisión a Giovanni Castellucci, ex consejero delegado de Autostrade per lItalia (ASPI), y declaró culpables a otras 31 personas de las 57 procesadas.
La sentencia cierra un juicio que empezó en julio de 2022 y tuvo 284 audiencias, con testigos, peritos y documentación interna sobre la gestión del viaducto. Castellucci no estuvo en la lectura del fallo: ya cumple otra condena de seis años por un accidente de autobús ocurrido en 2013 en el viaducto de Acqualonga, donde murieron 40 personas.
Qué pasó en Génova en 2018
El derrumbe del Morandi quedó entre los peores desastres de infraestructura de la Italia reciente. Inaugurado en 1967, era la principal vía de acceso y salida de Génova y un tramo clave de la autopista que conecta el país con el sur de Francia. Su diseño fue obra del ingeniero Riccardo Morandi.
El 14 de agosto de 2018, a las 11.36 y en medio de una fuerte tormenta, cedió uno de los tres pilones que sostenían la estructura y arrastró unos 200 metros de calzada. El tramo cayó sobre el río Polcevera, vías de ferrocarril y naves industriales. Murieron 43 personas, entre ellas familias enteras, y cientos de vecinos tuvieron que dejar sus casas porque parte del barrio fue demolida después del desastre.
Las imágenes del puente partido en dos recorrieron el mundo y convirtieron al Morandi en un símbolo del debate sobre el estado de las infraestructuras en Italia, con una red de autopistas y puentes levantada en gran parte entre los años cincuenta y setenta y sin renovaciones estructurales profundas en muchos tramos.
Una tragedia anunciada, según la fiscalía
Castellucci dirigió Autostrade per lItalia entre 2006 y 2019, hasta que fue destituido tras el escándalo. En ese momento, ASPI estaba controlada por Atlantia, la sociedad de la familia Benetton, que manejaba buena parte de la red de autopistas de peaje del país.
Según la fiscalía, Castellucci y otros directivos de ASPI y de su filial Spea Engineering sabían desde hacía años que la estructura estaba muy deteriorada, pero no hicieron las obras necesarias para evitar los costos. Una pericia judicial de 2020 concluyó que el desplome, originado en la rotura de los cables de acero de la pila número 9, pudo haberse evitado con controles adecuados, ya que la corrosión avanzaba desde los primeros años de vida del viaducto.
La defensa sostuvo que existía un vicio oculto en el diseño original: los cables de acero estaban dentro de un revestimiento de cemento que impedía las inspecciones visuales convencionales y habría vuelto indetectable el deterioro incluso para técnicos diligentes.
Junto a Castellucci, condenado a 12 años frente a los 18 años y medio que pedía la fiscalía, recibieron penas relevantes otros ex directivos: Michele Donferri, ex responsable de mantenimiento de ASPI, fue condenado a once años; los exdirectivos de Spea Maurizio Ceneri y Emanuele De Angelis, a diez años cada uno; y Paolo Berti y Antonino Galatà, a cinco años y medio. También fue condenado a cinco años Mauro Coletta, ex responsable de la vigilancia de concesiones viales en el Ministerio de Infraestructuras italiano.
Disculpas tardías y heridas abiertas
La víspera del fallo, el actual consejero delegado de ASPI, Arrigo Giana, publicó una carta pública en la que pidió perdón a los familiares de las víctimas, a los genoveses y a todos los italianos. Egle Possetti, presidenta del comité que representa a las familias, respondió que esas disculpas debían haberse pronunciado en su momento, no ocho años después y en la antesala de una sentencia.
Autostrade per lItalia y Spea Engineering quedaron fuera del proceso penal en 2022 tras pactar con la fiscalía el pago de unos 30 millones de euros en concepto de responsabilidad administrativa. Desde entonces, ambas compañías desembolsaron cerca de 60 millones de euros en indemnizaciones a las familias de las víctimas.
Un cambio de manos con trasfondo político
El desastre también desató una disputa por el control de ASPI entre el Gobierno italiano y la familia Benetton. En 2021, bajo la presión pública y política que siguió al derrumbe, Atlantia vendió su participación en la concesionaria por 8.200 millones de euros a Cassa Depositi e Prestiti, una entidad financiera controlada en un 83% por el Ministerio de Economía italiano, que pasó a manejar la gestión del puente reconstruido y del resto de la red de autopistas.
El puente Morandi fue reemplazado por un nuevo viaducto, diseñado por el arquitecto y senador vitalicio Renzo Piano, e inaugurado en agosto de 2020, apenas dos años después de la tragedia. Los abogados de Castellucci ya adelantaron que apelarán la sentencia. Los fundamentos del fallo se conocerán dentro de tres meses.
