Eliminar los límites para que extranjeros se apropien de tierras rurales, facilita la extranjerización del territorio argentino
El abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, alertó desde sus redes sociales sobre la peligrosidad de eliminar topes para la compra de tierras de parte de extranjeros que tratará este jueve
El abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, alertó desde sus redes sociales sobre la peligrosidad de eliminar topes para la compra de tierras de parte de extranjeros que tratará este jueves el Senado de la Nación.
En un posteo en la red social X, Gil Domínguez señaló que el proyecto de inviolabilidad de la propiedadpronto a debatirse en el Senado esconde en su articulado una modificación que, según juristas y especialistas en geopolítica, implica una cesión de soberanía territorial sin precedentes en la historia argentina2.
Lo que realmente está en juego es la derogación parcial de la Ley 26.737, norma que desde 2013 establece un régimen de protección del dominio nacional sobre tierras rurales. El proyecto oficialista propone eliminar los límites que hoy impiden a extranjeros personas físicas o jurídicas concentrar propiedades rurales en el país, criticó.
Como señaló el jurista, la ley vigente establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de la superficie rural nacional, que quienes comparten una misma nacionalidad no pueden superar el 30% de ese total, y que ningún titular foráneo puede exceder las mil hectáreas en la zona núcleo productiva.
El nuevo proyecto barre con estas restricciones y habilita la adquisición sin límites para personas extranjeras, con una única excepción: los Estados extranjeros, que sí seguirían sujetos a controles. Pero ese freno resulta ilusorio, ya que las empresas con participación estatal foránea cualquiera sea su forma jurídica quedan exentas de esa traba y pueden operar sin restricciones, advirtió.
Para Gil Domínguez, el punto más crítico es el mecanismo de autorización para compras en zonas de seguridad de frontera. Allí, el proyecto remite al régimen de silencio administrativo positivo incorporado por la Ley Bases (27.742), que modificó el artículo 10 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549).
¿Cómo funciona? Una empresa con capital estatal extranjero o un particular foráneo solicita autorización para adquirir tierras en áreas fronterizas. Si el Estado Nacional y la provincia respectiva no se oponen en un plazo de 60 días, el silencio opera como una autorización de pleno derecho. Es decir: la soberanía territorial queda supeditada al vencimiento de un cronómetro y a la inacción burocrática, cuestionó.
Y agregó: El territorio es uno de los elementos constitutivos del Estado, recordaba el constitucionalista Germán Bidart Campos en su tratado elemental. Y explicaba que el territorio circunscribe el ámbito del poder estatal en forma negativa excluyendo todo poder político extranjero y positiva sometiendo a su jurisdicción a personas y bienes que se encuentren en él.
El dominio privado no se confunde jurídicamente con la soberanía estatal, pero puede afectar sus presupuestos materiales. La adquisición sin límites de tierras en zonas de frontera por personas de una misma nacionalidad o por empresas vinculadas a un Estado extranjero podría conformar enclaves territoriales, económicos y logísticos con capacidad para controlar recursos naturales, vías de acceso o infraestructura estratégica, afirmó.
La soberanía subsistiría formalmente, pero se debilitaría en las condiciones concretas de su ejercicio. No se trata de sostener que toda adquisición extranjera conducirá inevitablemente a una secesión, sino de advertir que el Estado resigna anticipadamente los instrumentos necesarios para impedir procesos de penetración territorial y dependencia geopolítica, dijo.
En este contexto, Gil Domínguez recordó el caso de Crimea y el pedido de Trump por Groenlandia
Crimea no fue anexada mediante compras privadas, pero su ejemplo demuestra cómo una potencia extranjera puede utilizar vínculos poblacionales, económicos y políticos para construir una pretensión territorial respaldada posteriormente por la fuerza. En otro plano, la insistencia de Donald Trump en incorporar Groenlandia a los Estados Unidos por razones de seguridad revela que el control de grandes extensiones territoriales dotadas de recursos y ubicación estratégica continúa siendo una herramienta central del poder geopolítico.
Argentina, con su vasta extensión, sus recursos naturales y su posición en el Cono Sur, no es ajena a estas dinámicas. La frontera norte, los pasos cordilleranos y la cuenca del Plata son activos estratégicos que ninguna nación responsable cedería sin un control riguroso, dijo.
Por otra parte, Gil Domínguez, recordó que la Constitución argentina protege la propiedad privada desde 1853 en su artículo 17, pero no convierte al territorio argentino en una mercancía disponible para el mejor postor. Como señalan los constitucionalistas, si la propiedad es un derecho, la soberanía es una condición de existencia del Estado. Confundirlas deliberadamente supone transformar una garantía constitucional destinada a proteger a las personas en un instrumento para desproteger a la Nación.
Un país no pierde su territorio solamente cuando una potencia extranjera lo invade. También comienza a perderlo cuando renuncia a controlar quién adquiere sus tierras estratégicas, quién controla territorialmente el acceso, aprovechamiento y explotación de sus recursos y quién se instala en sus fronteras. Mucho más cuando semejante decisión puede quedar consumada no por un acto estatal expreso, fundado y responsable, sino por el mero silencio de funcionarios que dejan transcurrir un plazo, afirmó.
El gobierno y sus aliados intermitentes podrán disfrazar esta reforma con el lenguaje de la libertad, la apertura o la modernización. Pero ningún discurso grandilocuente puede ocultar lo evidente: la eliminación de los límites para que intereses extranjeros se apropien de manera ilimitada de las tierras rurales y fronterizas no está protegiendo el derecho de propiedad, sino facilitando la extranjerización del territorio argentino, cuestionó Gil Domínguez.
Un Estado que renuncia a controlar su territorio no amplía la libertad de sus habitantes: comienza a abdicar de su propia existencia. El Senado tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de frenar lo que muchos ya califican como la entrega más silenciosa de la historia argentina, cerró.
El posteo completo:
REFORMA DE LA LEY DE TIERRAS RURALES: LA ENTREGA DE LA SOBERANÍA TERRITORIAL
El gobierno de @JMilei tiene como característica promover leyes con títulos grandilocuentes que engloban temas diversos. Ahora le toca el turno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad que Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 15, 2026
