China endurece el control sobre sus inversiones en el exterior - Informe Digital
El Decreto 837 subordina capitales y empresas a la seguridad nacional y puede chocar con leyes extranjeras.
China dio un paso más en su esquema de control sobre ciudadanos y empresas fuera de sus fronteras. El Decreto 837, aprobado por el Consejo de Estado, ordena las inversiones en el exterior bajo la lógica de la seguridad nacional y refuerza la capacidad de Beijing para supervisar, restringir e incluso desarmar operaciones ya en marcha.
La norma se presenta con cuatro objetivos: promover la inversión exterior, proteger a los inversores chinos, fortalecer la supervisión estatal y resguardar la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país. Pero, en la práctica, el texto vuelve a colocar a la seguridad como criterio rector de toda la política económica.
El artículo 3 lo deja claro: toda inversión en el exterior debe coordinarse con el llamado Concepto General de Seguridad Nacional. Bajo esa fórmula, el régimen integra desarrollo y seguridad, y extiende el alcance del control a áreas como tecnología, datos, finanzas, energía, cadenas de suministro, cultura y estabilidad política.
Estos decretos amplían aún más la idea del Partido Comunista Chino (PCC) de que los huaqiao, o chinos en el extranjero, siguen estando sujetos a la ley interna china, explica Leland Lazarus, fundador y CEO de Lazarus Consulting, un think tank enfocado en el accionar de Beijing. Según agrega, la base de ese esquema está en la Ley Nacional de Inteligencia de 2017 y en la Ley de Seguridad Nacional de 2020.
Uno de los puntos más sensibles es la discrecionalidad que concentra el Consejo de Estado junto con los ministerios competentes. Esos organismos pueden definir qué inversiones se promueven, cuáles se restringen, cuáles se prohíben y hasta ordenar desinversiones. El alcance no se limita a operaciones futuras: también puede afectar proyectos ya activos.
El decreto además prohíbe exportar o usar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización estatal. La restricción incluye formas indirectas de transferencia, como el envío de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza.
Otro artículo sensible establece un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente. Para Lazarus, eso confirma una consolidación de la filosofía del PCC de que todos los chinos individuos, empresas y gobierno sirven como instrumentos del poder nacional integral del país.
El artículo 22 también puede abrir conflictos con otras jurisdicciones. Si personas u organizaciones radicadas en China participan en arbitrajes, juicios o investigaciones en el exterior y necesitan aportar pruebas o materiales, deberán respetar las normas chinas sobre secretos de Estado, seguridad de datos, información personal, exportación de tecnologías y asistencia judicial internacional.
En la práctica, eso puede chocar con requerimientos judiciales o regulatorios de otros países. La pregunta de fondo es hasta dónde puede llegar Beijing para condicionar el cumplimiento de leyes extranjeras por parte de sus empresas y ciudadanos cuando operan fuera de China.
Un patrón claro de control
En las últimas normas analizadas en Infobae aparece una misma lógica: la Ley de Unidad Nacional apunta a la cohesión ideológica y social; el Decreto 835 regula la relación entre empresas chinas y medidas adoptadas por otros Estados; y el Decreto 837 ordena cómo sale el capital chino al exterior y bajo qué condiciones puede hacerlo.
En conjunto, estas disposiciones muestran una tendencia a fusionar política económica, seguridad nacional y acción exterior en un mismo marco regulatorio. Estados Unidos y Europa también tienen reglas sobre exportaciones sensibles, pero en ámbitos más acotados. En el caso chino, la noción de seguridad nacional se expande y deja un margen mucho mayor para la discrecionalidad estatal.
Las leyes chinas realmente no tienen fuerza si los gobiernos locales no las cumplen. Pero también hemos visto cómo China está dispuesta a ejercer presión económica y política para lograr que los países las acaten, concluye Lazarus. Y advierte que este tipo de normas puede desalentar a organizaciones en el exterior que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, el Tíbet o Hong Kong.
X: @TotiPI
