Modifican la normativa de seguros para el transporte de pasajeros
El Gobierno adecuó el régimen de seguros al nuevo marco regulatorio del transporte, al flexibilizar los requisitos administrativos y facilitar la operatoria para empresas y aseguradoras.
El Gobierno adecuó el régimen de seguros al nuevo marco regulatorio del transporte, al flexibilizar los requisitos administrativos y facilitar la operatoria para empresas y aseguradoras.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dictó la RESOL-2026-300-APN-SSN#MEC que modifica la normativa aplicable a los seguros de los vehículos destinados al transporte de pasajeros, en línea con el nuevo marco regulatorio.
Según explicaron, la medida adecua la regulación aseguradora a la nueva clasificación de los servicios de transporte establecida por el Poder Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Transporte.
En ese marco, los servicios de transporte interjurisdiccional, de oferta libre y aquellos que ya no integran la categoría de “servicio público” deberán contratar el seguro de responsabilidad civil conforme a las condiciones generales previstas en el Anexo del punto 23.6. inc. a. 2) del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.
Asimismo, establece que estas coberturas se comercialicen mediante un modelo de póliza uniforme, en reemplazo de los regímenes especiales vigentes hasta el momento. La obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil se mantiene; lo que cambia son las condiciones bajo las cuales deberá comercializarse.
Además, elimina requisitos administrativos vinculados con la contratación del seguro y el cambio de aseguradora que “habían quedado desactualizados o resultaban redundantes con los mecanismos de supervisión vigentes”.
Con esta medida, la SSN “simplifica el régimen aplicable, reduce trámites innecesarios, favorece la libre elección de aseguradora por parte de las empresas de transporte y acompaña una transición ordenada hacia el nuevo sistema de transporte de pasajeros”.
El Gobierno celebra que la adecuación normativa se enmarca en un proceso de implementación gradual de las reformas impulsadas por el Gobierno Nacional, que requiere ordenar y configurar los cambios de manera progresiva hasta consolidar el nuevo modelo regulatorio.
