Casal pidió un DNU para frenar el impacto del fallo Levinas - Informe Digital
El procurador reclamó una salida urgente para que los fiscales sigan interviniendo ante el TSJ porteño hasta completar el traspaso.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pidió al Poder Ejecutivo que dicte un Decreto de Necesidad y Urgencia para suspender la aplicación del fallo de la Corte Suprema en el caso Ferrari contra Levinas. La decisión de la Corte fijó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como instancia competente para los recursos extraordinarios de la justicia nacional ordinaria porteña, y Casal advirtió que los fiscales nacionales no están habilitados para actuar ante tribunales de otra jurisdicción.
Casal expuso el planteo ante la comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, acompañado por los secretarios de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas, y de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima. La presentación se dividió en dos tramos: la situación presupuestaria del organismo y los efectos del cambio jurisprudencial.
Estamos pidiendo al Ejecutivo que vía un Decreto de Necesidad y Urgencia destinado a una norma que nos habilite a intervenir ante el TSJ respecto en las causas en las que intervenimos en la Justicia Nacional hasta tanto se complete la transferencia total de las competencias en materia de justicia ordinaria. Esto es porque el Ministerio Público no puede intervenir en otras jurisdicciones, explicó Casal.
El fallo Levinas y la reforma laboral, un conflicto que se agrava
El procurador informó que pidió en dos oportunidades a la Corte la suspensión de esa jurisprudencia y que en ambos casos recibió una negativa. El cuadro se agravó con la aprobación de la Reforma Laboral: su artículo 90 ratifica el convenio de traspaso de competencias, lo que dejó sin sustento el argumento de que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público. Ni siquiera podemos sostener que el fallo no era aplicable cuando intervenía el Ministerio Público porque el tribunal superior es la Cámara Nacional de Apelaciones, señaló Casal.
Para mostrar la urgencia del planteo ante los legisladores, el funcionario describió un caso concreto: un fiscal que, frente a un femicidio con una resolución liberatoria que consideraba arbitraria, debió recurrir la decisión y quedó ante la disyuntiva de qué vía procesal utilizar.
Hay una verdadera razón de urgencia porque inmediatamente se sanciona esta ley se nos presenta un caso donde el fiscal frente a un caso de femicidio donde había una solución liberatoria que consideraba arbitraria tenía que recurrir y seguimos las dos variantes pedimos la cobertura normativa, detalló.
Casal explicó que, por ahora, los fiscales nacionales presentan el recurso de inconstitucionalidad local y que el fiscal de la Ciudad, con buen criterio, lo ha sostenido. Sin embargo, advirtió sobre el escenario siguiente: ¿Qué sucede cuando no nos concedan un recurso y haya que meter una queja ante el TSJ? Esto es una solución de contingencia hasta que se transfieran todas las competencias. Nosotros como fiscales nacionales no estamos habilitados para intervenir en un tribunal local ni superior de cualquiera de las provincias, subrayó.
Recorte presupuestario del 47% en dos años
En el segundo tramo de la presentación, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal advirtieron que el presupuesto del organismo se redujo un 47% en los últimos dos años. Ante la consulta sobre si esa caída afectaba la administración de justicia, reconocieron haber realizado reiterados reclamos a través del Ministerio de Justicia, aunque destacaron buena disposición de esa cartera para readecuar los recursos.
Casal reconoció que la situación presupuestaria está difícil para todos, pero subrayó que son necesarias las contrataciones de herramientas tecnológicas y los alquileres de espacios para el trabajo del organismo en las distintas provincias. La cuestión se pone difícil y tratamos de administrar los recursos, concluyó.
