De las promesas incumplidas a las denuncias infundadas: cuando se criminaliza a los mas vulnerables.
En Concepción del Uruguay, los recicladores volvieron a quedar expuestos a una práctica frecuente y nefasta: ser convocados para la foto, utilizados como símbolo de políticas públicas que nunca llegan a concretarse y, finalmente, ser denunciados cuan
De las promesas incumplidas a las denuncias infundadas: cuando se criminaliza a los mas vulnerables.
Los trabajadores recicladores nucleados en la Cooperativa de Trabajo Mundo Reciclado, vienen sosteniendo hace tiempo un trabajo fundamental para el medioambiente y que a la vez les sirve de sustento para sus familias. En ese plan desde el año pasado, han entablado conversaciones con el municipio para que dicho trabajo sea reconocido y apoyado, siendo que se trata de un servicio al medioambiente del cual se benefician los vecinos de la ciudad y el Municipio local.
Meses atrás, integrantes del Poder Ejecutivo municipal y la senadora nacional Marianela Marclay, sostuvieron reuniones y conversaciones con los trabajadores generando una clara espectativa del pronto arribo de un acuerdo que beneficiaría las condiciones de trabajo de las familias cartoneras. Así pues, visitaron el espacio de trabajo de los recicladores, realizaron una cobertura para sus redes sociales e hicieron una clara utilización política de las situación.
Las imágenes recorrieron las redes y los medios acompañadas de anuncios sobre futuros aportes, convenios de cooperación y acciones destinadas a fortalecer una actividad esencial para la gestión ambiental y el desarrollo de la economía popular. Sin embargo, aquellas promesas nunca se tradujeron en políticas concretas ni en el cumplimiento los acuerdos comprometidos.
Luego de un tiempo lo más grave y vergonzoso ocurrió. Frente al incumplimiento de las promesas y a la falta de respuesta ante los intentos de comunicación, los trabajadores hicieron lo que corresponde en cualquier sociedad democrática: reclamar, pero en lugar de obtener respuestas institucionales, fueron objeto de denuncias que, en los hechos, representan un preocupante intento de criminalizar la protesta social.
Los cartoneros y recicladores cumplen una función ambiental, económica y social indispensable. Recuperan toneladas de materiales que de otro modo terminarían en basurales, reducen el volumen de residuos urbanos, generan valor a partir del reciclado y sostienen el ingreso de cientos de familias mediante el trabajo organizado. Allí donde muchas veces el Estado no llega, la economía popular construye soluciones colectivas, organiza el trabajo y aporta al cuidado del ambiente con enorme esfuerzo y escasos recursos.
No se trata de un favor que el Estado les hace a los recicladores. Se trata de trabajadores que realizan una tarea de evidente interés público y que merecen condiciones dignas, reconocimiento institucional y políticas sostenidas que fortalezcan su actividad.
Resulta inaceptable que quienes promueven anuncios junto a estos trabajadores y les generen espectativas, hoy respondan con silencio frente al incumplimiento y con denuncias cobardes e infundadas cuando esos mismos trabajadores exigen que la palabra empeñada se transforme en hechos.
La protesta social constituye una herramienta legítima para reclamar derechos, especialmente cuando se han agotado las instancias de diálogo. Pretender judicializar esos reclamos envía un mensaje preocupante: que quienes se organizan para defender su trabajo pueden convertirse en destinatarios de persecución en lugar de ser válidos interlocutores de políticas públicas.
Una democracia sólida no necesita perseguir a quienes reclaman; necesita escuchar, dialogar y cumplir los compromisos asumidos. Gobernar implica asumir responsabilidades, no únicamente producir contenido para la redes con una clara utilización política de los mas vulnerables.
No solos los trabajadores merecen el respeto y la concreción de los anuncios realizados, y cuáles serán las respuestas para un sector que contribuye diariamente al cuidado ambiental y a la economía local, sinó también los vecinos de Concepción del Uruguay merecen saber que políticas el estado municipal compromete para un área tan sensible e importante.
Los trabajadores recicladores no necesitan campañas de imagen. Necesitan políticas públicas, acuerdos cumplidos y respeto por su organización. Y, sobre todo, necesitan que el reclamo legítimo por sus derechos jamás sea respondido con la criminalización de la protesta.
