Impulsan la urbanización de la 1-11-14 con viviendas y obras - Informe Digital
El proyecto busca integrar el barrio Padre Ricciardelli con nuevas casas, mejoras y servicios básicos, sin desalojos.
Presentaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley para urbanizar el barrio Padre Rodolfo Ricciardelli, ex villa 1-11-14, una de las zonas más densas y postergadas de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa apunta a integrar el barrio con viviendas nuevas, mejoras en las casas existentes y obras de infraestructura básica, en un proceso impulsado por la legisladora Bárbara Rossen a partir de un trabajo previo con vecinos, organizaciones e instituciones barriales junto a la parroquia Madre del Pueblo.
Es un proyecto de los vecinos y para los vecinos, que impacta positivamente y mejora las condiciones de vida de los habitantes del barrio, sostuvo Rossen. Según explicó, también tendría efectos sobre el entorno inmediato y la seguridad de la zona.
En diálogo con Infobae, el párroco Martín Durán Christian dijo que se trata de una deuda histórica del barrio y señaló que el texto fue ajustado tras reuniones con vecinos. El mismo proyecto que estaba formulado, se le fueron haciendo algunos cambios, aclaró.
El barrio comprende el ex asentamiento 1-11-14 y otros sectores del Bajo Flores. De acuerdo con un censo de 2018 del gobierno porteño, viven allí más de 12 mil familias en apenas 4 mil viviendas, aunque desde la parroquia advierten que esos datos quedaron desactualizados.
La propuesta toma el nombre del padre Rodolfo Ricciardelli, un sacerdote que trabajó en la zona desde 1968 y quedó ligado a la historia social del barrio. Durán Christian explicó que eligieron presentarla el 13 de julio, fecha en la que murió el cura.
Según pudo saber este medio, el plan prevé nuevas viviendas, mejoras habitacionales y refuerzo de la infraestructura con agua, luz, cloacas y pluviales. La ejecución quedaría a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), que además debería coordinar el diagnóstico, el diseño y las obras.
El proyecto también crea una Mesa Técnica de Suelo y Hábitat y una Mesa de Gestión Participativa para que las decisiones urbanísticas se tomen con intervención de los vecinos. Entre sus puntos centrales, prohíbe los desalojos forzosos, fija un horizonte de veinte años para las obras y establece un cupo mínimo del 30% de trabajadores residentes del barrio para las tareas que se realicen.
En materia habitacional, contempla viviendas nuevas dentro del barrio o en sus inmediaciones, créditos de compra, mejoras sobre la vivienda existente y regularización dominial para facilitar la primera escritura. También prevé tarifas sociales con reducciones graduales y partidas específicas en el presupuesto porteño.
Rossen defendió la iniciativa como una respuesta a una deuda estructural de la Ciudad. Construir vivienda es una obligación del Estado y un derecho constitucional para todos los habitantes de la Ciudad, afirmó, al insistir en que una ciudad más justa no puede dejar afuera a quienes viven en los barrios populares.
El texto incorpora además exigencias ambientales para las obras del Proyecto Integral de Reurbanización y plantea, a futuro, una vinculación del barrio con la estación fluvial del Riachuelo, una vez que las condiciones del curso de agua lo permitan. El IVC deberá informar cada año a la Legislatura sobre el avance del proceso.
