Condenaron a De Vido y López a cinco años de prisión por el caso Skanska
La Justicia determinó que existió un esquema de pago de sobornos en la adjudicación de obras para la ampliación de gasoductos y condenó a los exfuncionario
El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó este lunes a cinco años de prisión al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, al considerarlos responsables de delitos vinculados con el caso Skanska, una investigación por presuntas coimas en la adjudicación de obras para la ampliación de gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner.
La misma pena recibió el exgerente general de Nación Fideicomisos S.A., Néstor Ulloa. Además, los tres fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos. Las condenas corresponden a los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta, en línea con el pedido formulado por el fiscal federal Abel Córdoba.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez. Los exfuncionarios siguieron la audiencia de manera virtual desde los lugares donde permanecen detenidos: De Vido desde su arresto domiciliario en Zárate y López desde el penal de Ezeiza.
La investigación judicial concluyó que existió un esquema de pago de sobornos durante el proceso de adjudicación de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, ejecutadas en 2004. Según determinó la Justicia, la constructora sueca Skanska obtuvo beneficios en las licitaciones mediante el pago de coimas a funcionarios públicos.
De acuerdo con el expediente, la empresa también recurrió a un sistema de facturación apócrifa para ocultar las maniobras. La operatoria habría incluido más de veinte firmas fantasma que emitían comprobantes por servicios inexistentes con el objetivo de justificar los desembolsos realizados.
Uno de los elementos centrales de la causa fue una grabación realizada dentro de la propia empresa. En esa conversación, el exejecutivo Javier Azcárate le manifestó al exsíndico Claudio Corizzo que se habían efectuado pagos de coimas para garantizar la adjudicación de las obras. La investigación alcanzó tanto a exfuncionarios nacionales como a directivos de la compañía.
Al elevar la causa a juicio en 2019, el juez federal Sebastián Casanello sostuvo: "La empresa Skanska, al momento de la negociación de las ofertas presentadas en el concurso privado, acordó con sus competidores para elevar los costos, lo que fue consentido por los funcionarios públicos que intervinieron directa e indirectamente en el procedimiento".
En la misma resolución, el magistrado agregó: "Para respaldar esas actividades ficticias, los representantes de Skanska S.A. decidieron darle un marco legal que les permitiera justificar cada uno de los egresos. Así fue que computaron las transacciones como gastos vinculados al proyecto central adjudicado, previamente, por el Estado Nacional".
Asimismo, Casanello afirmó: "Todos estos sucesos habrían generado, como consecuencia, un perjuicio económico millonario para la administración pública, en tenor de que los sobornos pagados por los privados y recibidos por los funcionarios constituyeron un beneficio económico ilegal a título personal para ellos pero, en simultáneo, la extracción de dinero de las arcas estatales sin amparo legal alguno".
El caso Skanska fue el primer expediente por presuntos hechos de corrupción que tomó estado público durante el kirchnerismo y tuvo como eje la investigación sobre el direccionamiento de licitaciones, el pago de sobornos y el presunto sobreprecio en obras de infraestructura energética.
