EE.UU. dijo que la Corte Penal Internacional representa una amenaza intolerable y lanzó una campaña en su contra
Así lo manifestó, el secretario de Estado, Marco Rubio. Washington no forma parte de este organismo creado en 2002 para juzgar a acusados de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Estados Unidos lanzó este lunes una amplia campaña contra la Corte Penal Internacional (CPI), a la que acusó de librar una guerra contra Washington y de representar una amenaza intolerable contra los estadounidenses. Además, advirtió sobre nuevas sanciones.
La CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional, declaró el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje de video en X.
Creada en 2002, la CPI procesa a individuos acusados de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
El peligro que representa este tribunal internacional no ha dejado de crecer. Hoy amenaza todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico, prosiguió.
Jueces extranjeros
Estados Unidos no forma parte del Estatuto de Roma, el tratado internacional que instituyó la CPI. Tampoco adhirieron Israel ni Rusia.
Rubio subrayó que si nos quedamos de brazos cruzados, todos estaremos a merced de jueces extranjeros situados a miles de kilómetros de aquí, expuestos al riesgo constante de ser procesados, e incluso encarcelados, por el supuesto crimen de haber defendido su propio país.
El Departamento de Estado dijo en un comunicado que la campaña deshabilitará de manera sistemática la capacidad de la CPI para operar, apuntar contra militares o funcionarios estadounidenses o amenazar de cualquier otra forma la soberanía estadounidense.
Qué medidas evalúa aplicar Washington
Entre las medidas que evalúa contra el tribunal están que diplomáticos estadounidenses llamen a otros países para instarlos a retirarse del organismo, así como prohibiciones de viaje y sanciones contra funcionarios de la CPI.
Las relaciones entre el gobierno de Donald Trump y la CPI, con sede en La Haya, son hostiles y varios magistrados de la corte, entre ellos el fiscal general, ya son objeto de sanciones estadounidenses.
Estas sanciones prohíben que los jueces ingresen a Estados Unidos y bloquean cualquier transacción inmobiliaria o financiera bajo jurisdicción de la mayor economía del mundo.
Las sanciones constituyen en su mayoría una respuesta a las investigaciones llevadas a cabo por la CPI contra Israel, aliado de Estados Unidos.
El tribunal emitió en 2024 órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y en 2023 contra el presidente ruso Vladimir Putin.
(Con información de AFP)
