Bolivia prorroga el congelamiento del precio de combustibles por seis meses
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció la extensión del congelamiento de precios de combustibles tras protestas masivas. La gasolina y el diésel se mantendrán sin cambios por medio año.
Bolivia prorroga el congelamiento del precio de combustibles por seis meses
El presidente boliviano Rodrigo Paz determinó esta semana, que se mantendrá el congelamiento del precio de los combustibles por seis meses adicionales, tras las extensas protestas y bloqueos que se llevaron a cabo en mayo y junio, donde se exigió su renuncia.
Esta decisión, que se formalizó a través de un decreto, se produce después de que en diciembre pasado, el mandatario eliminara prácticamente la subvención a los carburantes con el objetivo de reducir el gasto del Estado, como parte de sus medidas para enfrentar la crisis, y para implementar un sistema de ajustes de precios cada seis meses.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, explicó en una conferencia de prensa que "ya teníamos un decreto anterior que había congelado los precios, lo que se ha hecho es modificarlo para que se amplíe por otros seis meses más".
El decreto establece que el costo del litro de gasolina se mantendrá en 6,96 bolivianos (aproximadamente 0,71 dólares), mientras que el litro de diésel se fijará en 9,80 bolivianos (más de un dólar). Además, se continuará con el congelamiento del precio del gas.
En el contexto actual, el gobierno boliviano busca restablecer el suministro de combustibles tras los disturbios recientes, que han profundizado la crisis económica en el país, que enfrenta una disminución en sus reservas internacionales, dado que Bolivia depende de las importaciones de combustible, según señalan los analistas.
Durante aproximadamente 20 años, Bolivia mantuvo una subvención a los combustibles, lo que generó un alto costo en divisas para el Estado en un momento en que el país atraviesa problemas de liquidez en dólares, consignó Cadena3.
El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, expresó críticas hacia esta medida, considerándola como "política", y argumentó que el Estado estaría incurriendo en costos mayores al precio que se ofrece al consumidor final.
