El contrabando ya mueve el 5% del PBI y golpea a cuatro rubros - Informe Digital
Un estudio regional estima pérdidas fiscales por US$2.300 millones y detecta fuerte impacto en celulares, cigarrillos, textiles y cerveza.
El comercio ilícito ya equivale al 5% del Producto Bruto Interno argentino y deja una pérdida fiscal estimada en US$2.300 millones al año, según un estudio regional de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI). El dato expone la escala de un negocio que crece en el país y pega de lleno en celulares, cigarrillos, textiles y cerveza.
El trabajo analizó Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú para medir el peso económico del comercio ilegal y detectar sus rasgos más marcados en cada mercado. Además de cuantificar el impacto, relevó los productos más afectados, las formas de venta, la percepción social sobre la compra de mercadería ilegal y las herramientas disponibles para combatir el fenómeno.
En el caso argentino, el informe señala una combinación de factores que alimenta la expansión del negocio: alta penetración del comercio electrónico, fronteras vulnerables para el ingreso de mercadería de contrabando y una presencia creciente de productos falsificados en distintos canales de venta. El fenómeno, advierte, ya no se limita a ferias informales o al comercio callejero: también gana espacio en plataformas digitales y redes de distribución que amplían su alcance.
El contrabando aparece como una de las principales puertas de entrada de mercadería ilegal al mercado argentino, aunque el estudio aclara que el comercio ilícito es un concepto más amplio. También incluye falsificación de marcas, piratería y otras prácticas que vulneran la propiedad intelectual y generan competencia desleal para las empresas que operan dentro de la legalidad.
Uno de los aportes centrales del relevamiento fue dimensionar el tamaño económico de esta actividad. Según las estimaciones presentadas, el comercio ilícito moviliza recursos equivalentes al 5% del PBI argentino, una proporción que da cuenta de la magnitud que alcanzó dentro de la economía local.
El estudio también calculó el impacto sobre las cuentas públicas: la pérdida fiscal ronda los US$2.300 millones, producto de impuestos que dejan de recaudarse por operaciones fuera de los circuitos formales.
Los sectores más afectados
El relevamiento identificó cuatro rubros donde la penetración de productos ilegales es especialmente alta.
En celulares, el comercio ilícito representa el 31% del mercado. El informe atribuye esa incidencia al alto valor de los equipos, la fuerte demanda y la facilidad para su comercialización, factores que los vuelven un objetivo central para redes de contrabando y falsificación.
Los cigarrillos aparecen en segundo lugar, con una incidencia del 17%. Buena parte de esos productos ingresa desde países vecinos sin controles aduaneros ni carga tributaria, lo que profundiza la competencia desigual frente a las empresas que operan en el circuito formal.
Los textiles ocupan el tercer puesto, con una participación estimada del 16%. Allí conviven el ingreso irregular de mercadería y la falsificación de marcas, dos modalidades que golpean a fabricantes, importadores y comercios que cumplen con las normas vigentes.
La cerveza completa el grupo más afectado, con una participación del 12% para los productos comercializados por canales ilegales.
El estudio remarca que estos rubros concentran buena parte del problema, aunque el fenómeno también alcanza a otras categorías de bienes de consumo.
Otro cambio que destaca el informe es la transformación de los canales de comercialización.
El crecimiento del e-commerce amplió las posibilidades de distribución de productos ilegales. Plataformas digitales, redes sociales y aplicaciones de mensajería facilitaron el contacto entre vendedores y compradores y permitieron que mercadería de origen irregular llegara a consumidores de distintas provincias. El estudio sostiene que las organizaciones dedicadas al comercio ilícito combinaron canales tradicionales con herramientas digitales, una estrategia que aceleró la distribución y complicó los controles.
En ese marco, el documento formuló recomendaciones para la Argentina. Propuso fortalecer acuerdos con plataformas de comercio electrónico, como Mercado Libre, para agilizar el retiro de publicaciones de productos falsificados y mejorar la trazabilidad en línea. También planteó reforzar la capacitación de distribuidores oficiales en provincias fronterizas como Misiones, Formosa y Salta, consideradas puntos sensibles para el ingreso de mercadería de contrabando.
Comparación con otros países de la región
El informe incluyó una comparación entre seis países latinoamericanos. Aunque cada mercado presenta rasgos propios, los autores concluyeron que el crecimiento del comercio ilícito es un problema regional y que las modalidades utilizadas muestran patrones similares. En Brasil también alcanza al 5% del PBI, mientras que en México llega al 8%.
En todos los casos aparecen como factores comunes el uso creciente de canales digitales para vender productos ilegales, la expansión de la falsificación de marcas y la necesidad de reforzar los controles sobre las cadenas de distribución.
Para cada país, el estudio propuso medidas específicas según sus principales vulnerabilidades. En la Argentina, las recomendaciones apuntan a reducir la brecha de precios entre productos legales e ilegales, mejorar la trazabilidad, reforzar la cooperación con plataformas digitales y fortalecer los controles en zonas fronterizas.
A nivel regional, el documento también planteó combinar distintas herramientas para enfrentar el comercio ilícito: control fronterizo, políticas anticorrupción, campañas educativas para desalentar la compra de productos ilegales, tecnologías de trazabilidad en las cadenas de suministro, sanciones judiciales más eficaces y reformas regulatorias para reducir los incentivos económicos del contrabando.
El estudio se presentó durante un seminario organizado por el Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, que reunió a representantes del sector privado, especialistas en propiedad intelectual y funcionarios vinculados al comercio exterior.
Durante la jornada se analizaron las distintas modalidades que adoptó el comercio ilícito en América Latina y el impacto que estas prácticas generan sobre la recaudación fiscal, la competitividad de las empresas y la protección de la propiedad intelectual.
Nuestro país viene de gobiernos que hicieron una política muy laxa en el tema de los controles, precisó el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman. En la misma línea, reconoció que el Gobierno está tratando de dotarse de herramientas para tratar el flagelo, pero al mismo tiempo admitió que controlar una frontera tan grande no es fácil.
Grinman destacó el crecimiento desmedido del comercio ilegal de celulares. Al respecto, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, confirmó que el contrabando trae uno de cada tres celulares lo que representa alrededor de 3 millones al año y que la venta de estos dispositivos se ubica entre el 5% y 15% del comercio ilegal total.
A su vez, en Latinoamérica, tres de cada diez cigarrillos que se consumen son ilegales, según el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez. El cigarrillo es el bien legal más contrabandeado, especificó.
El rol de las cámaras es muy importante para el Estado porque no podemos llegar a todas las empresas del país, señaló, por su parte, Fernando Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, al tiempo que explicó que el Estado argentino no logra cubrir los 9.300 kilómetros de frontera ni los 250.000 comercios de cercanía.
A su vez, Diego Figueroa, asesor de la Dirección General de Aduanas, analizó la problemática desde la perspectiva del organismo y describió que la Aduana trabaja sobre tres ejes: la desregulación, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad sumado al control del tráfico de mercaderías y señaló que esas acciones se enmarcan en los lineamientos definidos por el Ministerio de Economía.
Por último, el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto, indicó que el país se encuentra ante un cambio de paradigma en la forma en la que el Estado entiende el delito complejo. Debemos comprender que hoy las economías criminales son cada vez más sofisticadas. El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico, advirtió. Y aseguró que el compromiso es seguir avanzando en combatir la criminalidad organizada. Cuando protegemos el comercio legal, protegemos a los trabajadores, a los consumidores y a los emprendedores, concluyó.
