Causa Hotesur-Los Sauces: la Justicia apartó a un perito y apura un informe clave para fijar la fecha de inicio del juicio
En su lugar, fueron designados peritos de la Corte Suprema de Justicia y deberán tener lista la pericia antes del 4 de septiembre.
El Tribunal Oral Federal 5, encargado de juzgar a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y el resto de los acusados en la causa Hotesur-Los Sauces, decidió desplazar a uno de los peritos contables que demoraba una pericia fundamental para habilitar el inicio del juicio oral.
La resolución llegó después de reiteradas intimaciones que no fueron respondidas por el profesional. En su lugar fueron designados peritos de la Corte Suprema, quienes deberán completar el estudio antes del 4 de septiembre, día en que se llevará adelante la audiencia preliminar para avanzar hacia el juicio oral.
La investigación alcanza a Hotesur, la empresa hotelera de la familia Kirchner, y a la inmobiliaria Los Sauces, cuyos principales clientes fueron el empresario Lázaro Báez y el Grupo Indalo, de Cristóbal López.
Desde que se ordenó la elevación a juicio, el expediente prácticamente no registró avances por la medida de prueba solicitada por las defensas de la expresidenta y de Báez: una nueva pericia contable sobre la operatoria de la inmobiliaria Los Sauces.
La causa se centra en la hipótesis de que pagos de empresas vinculadas a Báez y López a las firmas hoteleras e inmobiliarias de la familia Kirchner habrían sido una pantalla para canalizar fondos de origen ilícito.
Qué dice la acusación
Este expediente se relaciona de manera directa con la condena de Cristina Kirchner y Lázaro Báez en el caso Vialidad, donde se comprobó que los fondos públicos destinados a obras viales eran desviados a través de contratos simulados hacia las empresas de la expresidenta. Según la Justicia, estas maniobras no solo beneficiaron a Báez, sino que también enriquecieron a la familia Kirchner, utilizando Hotesur y Los Sauces para darle un marco legal al direccionamiento del dinero.
Concretamente, la acusación sostiene que a través de dichas empresas se emitían facturas a Austral Construcciones para blanquear el dinero ilegal -retornos- por la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Según la fiscalía, Báez pagó más de 27 millones de pesos entre 2009 y 2013 a través de su firma Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate, mientras que otras empresas del Grupo Austral (también de Báez) generaron ingresos adicionales por 11 millones de pesos, muchas veces por habitaciones que no se ocuparon.
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Además, se les imputa el delito de dádivas por las operaciones comerciales entre Cristina Kirchner, como funcionaria pública, y contratistas del Estado.
Las pericias ordenadas por el tribunal apuntan a determinar si esos movimientos respondían a operaciones reales o constituían una maniobra de lavado. Florencia Kirchner ya fue sobreseída en esta causa por ser menor de edad al momento de los hechos investigados.
