Cristina Kirchner recupera su pensión y la Corte define el fondo - Informe Digital
ANSES debe restituirle casi $16 millones brutos por mes, con descuentos y una queja del Gobierno ante la Corte.
Cristina Fernández de Kirchner volverá a cobrar una pensión vitalicia de $15.683.154,06 brutos por mes por orden judicial, mientras el Gobierno mantiene la pelea para que la Corte Suprema cierre la discusión de fondo. Según información a la que accedió Infobae, la ANSES restablecerá la prestación, aunque ya presentó un recurso de queja para intentar revertir la cautelar que la favoreció.
La medida obliga al organismo previsional a cumplir la orden vigente sin abandonar su postura: desde el inicio sostuvo que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad vuelve incompatible ese beneficio con la situación judicial de la ex presidenta.
La información oficial a la que accedió Infobae precisó que el haber mensual bruto asciende a $15.683.154,06, aunque no será ese el monto que efectivamente perciba.
Sobre la prestación se aplicará una retención del 20% del haber mensual, equivalente a $3.136.630,81, para recuperar fondos que la ANSES consideró percibidos indebidamente mientras el beneficio siguió vigente. Ese descuento se mantendrá mes a mes hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, según la documentación incorporada al expediente.
Descuentos y exclusión del adicional por zona austral
A ese recorte se suma otro. Según información exclusiva obtenida por Infobae, la ANSES tampoco liquidará el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. El organismo entendió que ese suplemento no correspondía porque Cristina Kirchner cumplió prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no reunió las condiciones para acceder a ese beneficio.
Así, aunque la ex presidenta volverá a percibir la pensión por orden judicial, el monto final será menor al haber bruto por la retención mensual y por la exclusión del adicional por zona austral.
La resolución administrativa se limitó a cumplir la cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras sigue el juicio principal sobre la legalidad de la baja dispuesta por la ANSES. En paralelo, el organismo dejó asentado ante la Justicia que ya recurrió a la Corte Suprema mediante una queja para que revise esa decisión.
Cómo se originó la disputa judicial
La controversia comenzó cuando el Gobierno resolvió dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. El argumento oficial fue que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal volvían incompatible la continuidad del beneficio.
Cristina Kirchner llevó esa decisión a la Justicia y pidió una cautelar para recuperar provisoriamente la prestación mientras se resolvía el expediente principal. Aunque el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó ese fallo y ordenó restablecer el beneficio al considerar que debía prevalecer su carácter alimentario hasta una sentencia definitiva.
Esa resolución fue apelada por la ANSES con un recurso extraordinario que la propia Cámara rechazó. Desde entonces, el organismo acudió directamente a la Corte Suprema mediante una queja, que quedó bajo análisis del máximo tribunal.
Dictamen de Casal y definición pendiente de la Corte
En ese marco, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó que la Corte debería revocar la cautelar que permitió restituir la pensión. Aunque su opinión no es vinculante, marcó el último paso procesal antes de que el tribunal quede en condiciones de resolver el planteo del Estado.
Mientras esa definición sigue pendiente, la ANSES deberá ejecutar la cautelar y restablecer el pago. El expediente quedó atravesado por dos planos: la percepción efectiva del beneficio por parte de la ex presidenta y la decisión que adopte la Corte sobre la validez de la medida y el alcance que una condena penal firme puede tener sobre las pensiones vitalicias de ex mandatarios y sus derechohabientes.
La resolución final no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner. También fijará un criterio sobre las consecuencias que una condena penal firme puede tener sobre las prestaciones especiales otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes, en un caso de fuerte impacto institucional.
