El intendente de Allen denunció un golpe de Estado constitucional tras ser suspendido por el Concejo
Según reconstruyó la prensa rionegrina, el Concejo Deliberante de Allen votó la suspensión del intendente Marcelo Román, acusado de administración fraudulenta y peculado, y el jefe comunal respondió denunciando un golpe de Estado constitucional muni
Según reconstruyó la prensa rionegrina, el Concejo Deliberante de Allen votó la suspensión del intendente Marcelo Román, acusado de administración fraudulenta y peculado, y el jefe comunal respondió denunciando un “golpe de Estado constitucional municipal” y se negó a dejar el cargo.
La crisis política en Allen, en la provincia de Río Negro, lleva más de un año y este miércoles sumó un nuevo capítulo institucional. La votación terminó con seis votos a favor y tres en contra del apartamiento preventivo del mandatario local.
En ese marco, los concejales resolvieron que Román dejará de percibir su sueldo mientras la Justicia define su situación, al tiempo que designaron una conducción provisoria del municipio.
Las acusaciones y el trasfondo económico
Román estaba bajo la lupa desde mediados del año pasado por millonarios gastos en el municipio, entre ellos los $576 millones que desembolsó para la Fiesta Nacional de la Pera. También se le cuestionó el despido de decenas de trabajadores municipales, en un contexto de fuerte tensión social.
El intendente había atribuido esos recortes y decisiones a “una crisis económica nacional”, argumento que no logró revertir las críticas de la oposición ni calmar el malestar interno en la administración local.
La situación se agravó en mayo de 2025, cuando el Tribunal de Cuentas municipal lo denunció tras la renuncia de la secretaria de Hacienda, quien reveló la existencia de un “asesor externo” que actuaba como funcionario sin cargo formal.
El propio Román reconoció públicamente que había estado “mal asesorado” y que en su gestión tomó “varias decisiones que no fueron las acertadas”, aunque siempre rechazó haber cometido delitos.
Del radicalismo a La Libertad Avanza
Román llegó a la Intendencia en 2023 por el radicalismo, dentro de una amplia coalición que tenía a Alberto Weretelnick como principal referente. Sin embargo, poco después se alineó con las filas libertarias.
De hecho, fue vicepresidente de La Libertad Avanza hasta agosto de 2025, cuando renunció a ese cargo aduciendo “motivos personales”. Para entonces, el clima político en Allen ya estaba fuertemente enrarecido.
En ese contexto, el Concejo Deliberante le rechazó la declaración de emergencia económica. Incluso, tras la clausura de los camiones recolectores de residuos por parte de la Secretaría de Trabajo, el propio intendente salió a levantar la basura junto a concejales y otros funcionarios, en una escena que graficó la crisis de gestión.
La suspensión y el rol del Concejo Deliberante
Diez meses después de aquellos episodios, los concejales volvieron a darle un revés al intendente con la votación que lo apartó preventivamente de sus funciones.
Para avanzar con la medida, el Concejo se respaldó en la Carta Orgánica Municipal. En particular, en el artículo 109, que establece: “Si se imputare a las autoridades, funcionarios o empleados municipales delito penal y el tribunal competente resolviera procesar, el Concejo Deliberante resolverá la suspensión o no del imputado, previo dictamen del asesor legal”.
El mismo artículo agrega que, si se optare por la suspensión y el imputado fuere absuelto, tendrá derecho a la restitución en el cargo automáticamente, con sus derechos y funciones. Y concluye que, producida sentencia firme y condenatoria, corresponderá la destitución sin más trámite.
Mientras dure la suspensión, Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante de Allen, asumirá provisoriamente el cargo de intendente, en tanto se define la situación judicial de Román.
El momento de la notificación y la defensa de Román
El momento de la notificación quedó registrado en un video difundido por el medio local Inforo. Allí se observa cómo, frente a las autoridades del Concejo Deliberante, Román se niega a entregar el poder municipal.
“Seis personas no van a decir sobre lo que la mayoría popular votó”, lanzó el intendente, al cuestionar la legitimidad política de la decisión del cuerpo legislativo local.
Luego, el jefe comunal publicó en sus redes sociales otro video en el que calificó su suspensión como “un golpe de Estado constitucional municipal” y adjudicó la medida a “cuestiones partidarias, políticas y en contra de la voluntad del pueblo”.
Además, el dirigente libertario realizó públicamente “un llamamiento a todos los vecinos” para que se opongan a la decisión del Concejo Deliberante de Allen y respalden su continuidad al frente del Ejecutivo municipal.
En el cierre de su mensaje, aseguró ser “inocente” y remarcó: “Cualquier persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dejando en claro que dará la pelea en los tribunales.
Román ya confirmó que se defenderá ante la Justicia y rechazó el apartamiento, al que consideró contrario a lo que, según él, indican la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.
Según el Tribunal de Cuentas, los gastos desproporcionados, en especial los $576 millones destinados a la Fiesta Nacional de la Pera, muy por encima de los $14 millones del año anterior bajo la misma gestión, fueron determinantes para la aplicación del artículo que derivó en su suspensión.
