La Caja no se salva castigando a los que aportaron - Informe Digital
La discusión previsional en Entre Ríos no puede reducirse a una consigna simple: ajustar o quebrar. Esa falsa opción sólo sirve para justificar reformas apuradas, sin mirar con precisión quién
La discusión previsional en Entre Ríos no puede reducirse a una consigna simple: ajustar o quebrar. Esa falsa opción sólo sirve para justificar reformas apuradas, sin mirar con precisión quién termina pagando el costo.
Desde el bloque justicialista sostenemos otra idea: la Caja de Jubilaciones y Pensiones puede fortalecerse sin avanzar sobre derechos adquiridos, sin cargar una vez más sobre trabajadores activos, docentes y jubilados, y sin transformar la sustentabilidad en una excusa para recortar ingresos.
El dictamen que elaboramos no nació de una negativa automática al proyecto del Gobierno. No nos limitamos a decir que no. Trabajamos una propuesta alternativa, seria, técnicamente fundada y con mirada de largo plazo. Escuchamos a especialistas, representantes sectoriales y organizaciones vinculadas al sistema previsional. El resultado es un texto que demuestra que hay otro camino.
No todo se resuelve declarando la emergencia
El proyecto oficial parte de la emergencia previsional. Ese punto habilita medidas excepcionales y concentra poder de decisión. Nosotros creemos que la Caja necesita soluciones estructurales, no atajos permanentes vestidos de urgencia.
Por eso nuestro dictamen no declara la emergencia. Propone una ley de sostenibilidad, con planificación, transparencia y control técnico. Crea el Fondo de Equilibrio y Sostenibilidad Previsional, una Unidad Actuarial y un Consejo de Sostenibilidad. Tres herramientas para ordenar el sistema, medir impactos, publicar información y evitar que cada reforma vuelva a discutirse a ciegas.
La sustentabilidad no se declama. Se construye con datos, previsión y responsabilidad institucional.
Los docentes no pueden ser la variable de ajuste
Uno de los puntos más sensibles es el régimen docente. Miles de trabajadores planificaron su vida laboral y su jubilación bajo determinadas reglas. Cambiarlas en medio del camino sería injusto.
Nuestro dictamen respeta plenamente los derechos de quienes hoy están trabajando. Las modificaciones en la edad jubilatoria alcanzan exclusivamente a quienes ingresen al sistema en el futuro. Ningún docente que actualmente está en actividad verá alteradas las condiciones con las que organizó su retiro.
El proyecto oficial, además, incorpora un aspecto especialmente perjudicial: obliga a docentes y beneficiarios de otros regímenes especiales a seguir realizando aportes una vez jubilados, hasta alcanzar la edad ordinaria. En la práctica, eso implica una reducción adicional sobre haberes de personas que ya cumplieron su carrera laboral.
Nosotros no compartimos ese criterio. La Caja no se salva castigando a quienes ya se jubilaron.
Treinta años de aportes y un cálculo más justo
También hay diferencias concretas en los requisitos. El dictamen del PJ mantiene los 30 años de servicios con aportes para acceder al beneficio jubilatorio. El proyecto oficial eleva ese requisito a 35 años.
No es una diferencia menor. Cinco años más de aportes cambian la vida de cualquier trabajador.
Lo mismo ocurre con el cálculo del haber inicial. Nuestra propuesta toma los últimos 120 meses de servicios computables. La iniciativa del Ejecutivo extiende ese período a 180 meses. Cuanto más largo es el período de cálculo, mayor es la posibilidad de licuar el haber inicial y reducir futuras jubilaciones.
Los números pueden presentarse de muchas maneras. Pero el efecto concreto sobre el bolsillo de los futuros jubilados debe decirse con claridad.
Primero buscar nuevos recursos
Otro punto central: nuestro dictamen no crea nuevos aportes extraordinarios para los trabajadores activos. No creemos que la primera respuesta frente al déficit sea volver a pedirle más a quienes ya sostienen el sistema con su salario.
Proponemos un aporte institucional extraordinario para cargos políticos de mayores ingresos. También creamos un fondo específico con recursos provenientes de distintas fuentes. La lógica es simple: antes de aumentar la presión sobre los trabajadores, el Estado debe activar mecanismos alternativos de financiamiento, mejorar la administración y recuperar recursos que pueden fortalecer la Caja.
La sustentabilidad no puede recaer siempre sobre los mismos.
Movilidad para cuidar el poder adquisitivo
Una reforma previsional también se mide por la forma en que protege a los jubilados frente a la inflación.
Nuestro dictamen establece una fórmula de movilidad que combina en partes iguales la evolución de los precios y las paritarias. Además fija un piso de actualización equivalente al Índice de Precios al Consumidor. Ese piso es una garantía: los haberes no pueden quedar por debajo de la inflación.
En un país donde los jubilados ya sufrieron demasiadas pérdidas, cualquier reforma responsable debe preservar el poder adquisitivo. No alcanza con prometer equilibrio fiscal si ese equilibrio se consigue deteriorando ingresos.
Sostener la Caja y proteger derechos
El verdadero desafío no es elegir entre sostener la Caja o proteger derechos. Esa dicotomía es falsa. Nuestro dictamen demuestra que ambas cosas son posibles.
Se puede fortalecer el sistema previsional con planificación. Se puede ordenar la administración con transparencia. Se pueden crear nuevas fuentes de financiamiento. Se puede revisar hacia adelante sin romper derechos adquiridos. Se puede cuidar a los trabajadores activos y también a quienes ya aportaron durante toda su vida.
La sustentabilidad previsional no debe ser sinónimo de ajuste. Debe ser sinónimo de responsabilidad, equilibrio y respeto.
Ese es el camino que proponemos desde el bloque justicialista.
