Concordia: la Justicia obligó al PAMI a cubrir un cuidador - Informe Digital
El fallo beneficia a un afiliado de 76 años con secuelas de ACV y ordena asistencia domiciliaria total por tiempo indeterminado.
La Justicia Federal de Concordia ordenó al PAMI garantizar la cobertura integral de un cuidador domiciliario para un afiliado de 76 años con graves secuelas neurológicas tras un ACV. El fallo pone el foco en un caso de alta vulnerabilidad y marca un límite a la negativa de la obra social.
La resolución fue dictada por la jueza federal Analía Ramponi, a partir de un amparo presentado por las abogadas Milagros Servín y Maira Servin, luego de que el organismo no diera respuesta por la vía administrativa a los pedidos del paciente.
Un reclamo reiterado sin respuesta
El hombre había solicitado la prestación en varias oportunidades sin obtener una contestación favorable. Durante el proceso, la representación de PAMI sostuvo que el cuidador domiciliario tenía carácter social y no médico, y que debía tramitarse como un subsidio excepcional.
La magistrada rechazó ese planteo y consideró arbitraria la conducta de la obra social. También señaló que no ofreció una alternativa válida que reemplazara la asistencia indicada por el médico tratante.
Protección reforzada por edad y salud
En su fallo, Ramponi remarcó que el afiliado integra un grupo de extrema vulnerabilidad por su edad y su cuadro clínico. Recordó además que el derecho a la salud y a la vida cuentan con protección constitucional y convencional, y que las obras sociales no pueden desoír prescripciones médicas sin fundamentos objetivos y razonables.
La sentencia dispuso que la cobertura sea del 100%, con una carga horaria de 12 horas diarias y por tiempo indeterminado, mientras persista la indicación profesional.
Advertencia sobre la judicialización
Según publicó Concordia Policiales y El Entre Ríos, la jueza también ordenó notificar a la Superintendencia de Servicios de Salud para que evalúe eventuales medidas frente a incumplimientos reiterados de obras sociales y prepagas.
Además, PAMI deberá hacerse cargo de las costas del proceso. El pronunciamiento deja una señal clara en la región: cuando la respuesta administrativa no llega, la Justicia vuelve a intervenir para garantizar prestaciones esenciales.
