Diputados aguarda a EE.UU. para destrabar el tratado de patentes - Informe Digital
El PCT sigue frenado por la definición arancelaria en Washington y por la pulseada entre laboratorios y multinacionales.
La adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) sigue en pausa y su avance en el Congreso depende, en buena medida, de una definición pendiente en Estados Unidos. El acuerdo, demorado hace más de 50 años, quedó atrapado entre la negociación comercial, el lobby empresario y las diferencias sobre el rol del Estado en el sistema de patentes.
El PCT ya tiene media sanción del Senado y dictamen en Diputados desde el 12 de mayo, pero el tratamiento no se activó por la discusión abierta en Washington y por la intención de introducir cambios en la Cámara baja. La adhesión forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.
Según explicó una fuente del Ministerio de Desregularización que comanda Federico Sturzenegger, Estados Unidos concluyó sus investigaciones bajo la sección 301, vinculadas a distorsiones del comercio, y eso derivó en la imposición a la Argentina de un arancel del 10%, tal como se había acordado.
La publicación en el Federal Register quedó abierta durante 30 días para comentarios y luego se oficializaría. Si ese esquema se confirma, la definición llegaría a fines de este mes y se aplicaría desde comienzos de agosto, lo que habilitaría el debate local.
El trasfondo en Estados Unidos pasa por la discusión legal sobre los límites del Ejecutivo para fijar aranceles. El gobierno de Donald Trump acumula dos fallos en contra, aunque desde la administración local sostienen que, bajo cualquier escenario, la Argentina conservaría el 10% de arancel, mientras Brasil llegó a 50% y ahora quedaría en 37,5%.
Con el dictamen ya firmado, el oficialismo quiere llevar el proyecto al recinto. La discusión se frenó primero por la espera de una señal desde Estados Unidos y después por la posibilidad de que el debate habilitara una interpelación al ex jefe de gabinete Manuel Adorni. Ahora, en el entorno libertario admiten que podrían introducir reformas.
En el plano local, la iniciativa concentra el respaldo de las multinacionales, con AMCHAM como principal referencia, y enfrenta la resistencia de los laboratorios nacionales agrupados en CILFA. El eje del conflicto está en el impacto que tendría el acuerdo sobre la industria agropecuaria, por las semillas, y sobre la farmacéutica, por el desarrollo de nuevos medicamentos.
En ese cruce de lobby local e internacional, el despacho de mayoría reunió 57 firmas tras sumar una reserva en el capítulo II, el más sensible por su vínculo con la industria farmacéutica.
La discusión más delicada pasa por el rol del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El texto abre la puerta a que, si la oficina estadounidense aprueba una patente, ya no sea necesario que lo haga la local, algo que la industria farmacéutica rechaza porque busca preservar la centralidad del organismo argentino.
Además, las reservas incorporadas al dictamen permiten usar informes técnicos no vinculantes de oficinas extranjeras para analizar nuevos medicamentos. Para CILFA, eso podría inclinar decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.
Aunque el Gobierno nacional empuja una aprobación rápida, el proyecto llegaría al recinto con cambios. Si Diputados lo aprueba en esa versión, deberá volver al Senado para que se ratifique el texto original o se convalide la nueva redacción.
