El Gobierno acelera la reforma de semillas y negocia la Upov-91 - Informe Digital
El Inase busca un texto de consenso mientras sigue abierta la discusión por el uso propio y la adhesión al tratado.
El Gobierno avanza en una reforma de la ley de semillas mientras negocia con el agro una salida política para la adhesión a la Upov-91, el convenio internacional sobre obtenciones vegetales. El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, confirmó que el organismo trabaja con todos los actores para cerrar una propuesta común, en un debate que sigue abierto y con impacto directo sobre la propiedad intelectual en el campo.
Según publicó LA NACION, la Casa Rosada ya asumió ante Estados Unidos el compromiso de enviar al Congreso el proyecto de adhesión a la Upov-91 antes de fines de 2027. En paralelo, la Secretaría de Agricultura y el Inase vienen reuniéndose con semilleros, obtentores y entidades agropecuarias para redactar una reforma que pueda reunir respaldo político y sectorial, una condición que en el oficialismo consideran clave para que la iniciativa no naufrague en el Parlamento.
Durante una exposición en el Congreso de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), Famulari sostuvo que el Inase participa activamente del diseño de la futura norma. También recordó que, si el Congreso aprueba la adhesión, la legislación local deberá adecuarse a las exigencias del Acta de 1991.
El funcionario insistió en que la meta es construir una modificación de la ley de semillas en consenso y anticipó que el organismo seguirá reuniéndose con todos los sectores para intentar cerrar un texto común.
Según pudo saber LA NACION, ese proceso seguirá el martes 14 de julio, cuando la Secretaría de Agricultura convocará a una nueva reunión con representantes de la industria semillera y entidades gremiales de productores. De acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones, una eventual adhesión a Upov-91 exigirá adecuar la normativa argentina a los requisitos del convenio, aunque todavía no está definido qué instrumento jurídico se usará para hacerlo.
La adhesión a Upov-91 implicaría que la Argentina pase a integrar la versión más reciente del convenio internacional que protege las obtenciones vegetales, con un régimen de propiedad intelectual más amplio para las nuevas variedades desarrolladas por los obtentores. El país ya integra la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, pero bajo el Acta de 1978. El debate por el salto al texto de 1991 no es nuevo: distintos gobiernos lo impulsaron sin éxito por las diferencias entre semilleros, obtentores y entidades de productores. En este caso, la discusión por la reforma de la ley de semillas avanza por un carril distinto al de la adhesión al tratado.
Tenemos que hacer una mesa de la que todos nos levantemos no diez puntos conformes, pero sí siete puntos conformes. Si alguien se va muy en contra, después la idea no prospera, sostuvo el funcionario.
Lo que viene
Famulari evitó dar precisiones sobre el contenido del eventual proyecto porque forma parte de las negociaciones en curso, aunque aseguró que la intención es avanzar hacia una ley moderna, alineada con la legislación vigente en los principales países que protegen la propiedad intelectual sobre las variedades vegetales.
Para que la adhesión pueda concretarse, la normativa argentina deberá adecuarse a los requisitos previstos en el Acta de 1991 de la Upov. Esa adecuación es una condición para que el país pueda incorporarse al convenio. Podría materializarse mediante cambios en la legislación vigente u otra herramienta jurídica, aunque por ahora el mecanismo no está definido.
Tampoco están cerrados los cambios que eventualmente podrían incorporarse. De acuerdo con las fuentes consultadas, el principal punto de debate sigue siendo el régimen de uso propio de las semillas, uno de los temas que hoy concentra las mayores diferencias entre los sectores que participan de las negociaciones.
Garbanzo
En ese contexto, el presidente del Inase también se refirió a las críticas que generó la decisión del organismo de establecer la fiscalización obligatoria del garbanzo. Aclaró que el organismo no cuestiona la necesidad de avanzar hacia ese esquema, sino la forma en que se implementó. Está bien que el garbanzo sea fiscalizado. El error fue hacerlo intempestivamente, de una semana para otra o en muy poco tiempo. Son procesos, afirmó en relación con el conflicto que se generó en el norte con productores.
El Inase considera correcto que este cultivo quede bajo fiscalización obligatoria, pero entiende que la implementación debió ser gradual. La intención del organismo es aplicar un esquema similar en otros cultivos, como el poroto, con una transición previa antes de llegar a un régimen obligatorio, para acompañar a toda la cadena y sostener los consensos durante el proceso.
