Advierten por un avance sobre derechos en discapacidad y piden auditorías justas
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de pensiones no contributivas por invalidez volvió a encender la preocupación de organizaciones vinculadas a la discapacidad.
En declaraciones al programa Amanece... que no es poco (Radio Plaza 94.7), la licenciada en Trabajo Social e integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario del Órgano de Revisión de Salud Mental, Luisina Franco Mangioni, sostuvo que la iniciativa representa un nuevo avance sobre derechos adquiridos y reclamó que los procesos de auditoría contemplen las particularidades y vulnerabilidades del colectivo.
Cabe señalar que el jueves pasado se realizó, en la Casa de la Cultura de Paraná la presentación del informe La situación de la salud mental en Entre Ríos: aportes del Órgano de Revisión de Salud Mental. Informe de Gestión 2025, encabezada por el defensor general, Maximiliano Benítez.
En ese contexto, Franco Mangioni afirmó que el colectivo de personas con discapacidad "viene siendo altamente atacado desde el Gobierno Nacional y hoy por hoy lo que se encuentra nuevamente en vilo es este proyecto de ley que se ha presentado, que se denomina Ley contra el Fraude de pensiones por invalidez".
Al explicar el alcance de la iniciativa, la trabajadora social indicó que "es una iniciativa del Poder Ejecutivo Argentino enviado al Senado y que lo que busca es modificar la normativa de las pensiones no contributivas. Vuelve a establecer el mecanismo de auditorías médicas obligatorias, el cruce de datos y el reempadronamiento de los beneficiarios con este nuevo objetivo de detectar irregularidades".
Según sostuvo, uno de los principales cuestionamientos radicó en que la propuesta implicaba retrocesos en materia de derechos. En ese sentido, señaló que "en este proyecto lo que nuevamente se intenta es avanzar sobre algunos derechos adquiridos, por ejemplo que las pensiones vuelvan a ser incompatibles con alguna actividad laboral que puedan desarrollar las personas y vuelve ahí a darle espacio a auditorías y suspensiones".
No obstante, aclaró que las organizaciones que trabajan en la temática no rechazaban los controles en sí mismos. "Me parece que es interesante decirles que nosotros como colectivo de organizaciones no estamos en contra de las auditorías y las revisiones", expresó, y agregó: "Pensamos que de hecho es una función del Estado auditar los gastos que realiza, pero que siempre hay que ver cómo es la modalidad, poder entender que el colectivo con discapacidad tiene ciertas vulnerabilidades y ciertos ajustes para poder realizar que no se han tenido en cuenta".
Finalmente, insistió en que el debate debía centrarse en las condiciones en las que se implementaban esos procedimientos y no en la existencia de controles. "Me parece que es interesante poder pensar que en ningún momento nosotros estamos diciendo que las revisiones y auditorías no se deberían llevar adelante, sino que se debería tener en cuenta cuáles son las condiciones para poder hacer que eso sea un proceso justo", concluyó.
